Ayer cuando lo vi me sorprendió bastante la noticia del ABC. Es verdad que hay que leer el artículo completo para ver que se refiere a la sanidad privada. Pero que lo haya investigado y difundido este medio es llamativo porque perjudica a aseguradoras privadas.
Hoy leyendo la noticia en abierto en El País, se aclara que los más perjudicados son los funcionarios de Muface, Mugeju e Isfas. Tantas semanas escuchando que la sanidad pública iba a colapsar si se eliminaba Muface y que necesitaban más dinero público para una sanidad de calidad para leer esto.
Me quedo con el último párrafo de la noticia de Público:
Lo que queda claro con esta noticia es la evidencia, una vez más, de que la sanidad privada se ha convertido en un negocio y que ahora más que nunca hay que defender una sanidad pública libre de privatizaciones.
Sanidad considera que la queja confirma que “las aseguradoras que daban servicio a Muface llevaban a cabo prácticas de selección de riesgos” para ahorrar dinero
elpais.com
Los oncólogos denuncian que la sanidad privada restringe terapias contra el cáncer de uso común en la pública
Sanidad considera que la queja confirma que “las aseguradoras que daban servicio a Muface llevaban a cabo prácticas de selección de riesgos” para ahorrar dinero
Prominentes oncólogos españoles han denunciado que pacientes cuya asistencia sanitaria depende de varios seguros médicos están viendo restringido su acceso a terapias contra el cáncer cuyo uso es “habitual en la sanidad pública”. Así lo ha adelantado el diario ABC este lunes y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha publicado una “declaración institucional” en la que muestra su preocupación por el hecho de que “pacientes con cáncer se vean perjudicados por no recibir el tratamiento más adecuado”.
Los hechos denunciados perjudican especialmente a un millón de funcionarios y sus familias que eligen cada año recibir a través de Muface la asistencia a través de los seguros médicos relacionados —otro medio millón de empleados públicos elige acudir a la red sanitaria pública—, ya que en su caso los enfermos no tienen la opción de acudir a la sanidad pública a recibir los tratamientos que supuestamente se les niega en la privada hasta el año siguiente.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha escrito en este sentido en la red social X: “Hace meses dijimos que las aseguradoras sanitarias privadas que daban servicio a Muface llevaban a cabo prácticas de selección de riesgos para que pacientes de la privada se cambiaran a la pública. Hoy lo dice hasta ABC”.
Poco después, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha usado el mismo canal para afirmar: “Que empresas presionen a oncólogos en la privada para no prescribir determinados tratamientos no es sanidad, es negocio. Por eso defendemos una sanidad pública donde los médicos deciden según la evidencia científica, no según beneficios económicos. La salud no se negocia”.
Según ABC, los oncólogos basan su denuncia en “decenas de informes [clínicos] de los años 2023 y 2024″ y acusan a la empresa “Atrys Health-Bienzobas de ejercer presiones sobre los médicos para reducir la prescripción de los tratamientos más caros”. Esta compañía ofrece “a las aseguradoras sanitarias administrar su oncología con técnicas de gestión que rebajen sus costes”. Cuando Atrys es contratada, sigue ABC, “los médicos deben pedir al ‘asesor oncológico’ de esta intermediaria que autorice el tratamiento que consideran más adecuado para el paciente”.
Los casos en los que se basa la denuncia son de pacientes de las aseguradoras DKV, Sanitas, Adeslas y Cigna. Sanitas ha especificado al diario que “en su caso, la última palabra sobre el tratamiento la tienen sus responsables asistenciales y no Atrys”, mientras Cigna asegura que “la contratación fue puntual y no se renovó”. Aunque Atrys también trabaja con Asisa, IMQ y Allianz, ABC no ha tenido acceso a pacientes de estas compañías y otras, como Mapfre, “nunca han querido contratar sus servicios”.
Los tratamientos señalados —panitumumab, cetuximab, ramucirumab, pertuzumab...— son de uso muy común y frecuente en la sanidad pública, según las fuentes consultadas. En el caso de los seguros médicos privados, denuncian los oncólogos, los asesores de Atrys Health-Bienzobas recomiendan a los médicos utilizar otras terapias más baratas y ponen trabas al uso de las más innovadoras y de mayor coste.
La declaración institucional de la SEOM, que va firmada por su presidente, César A. Rodríguez, afirma que la denuncia de los especialistas “preocupa, como es lógico, de manera importante a SEOM y a todo el colectivo de oncólogos médicos que ejercen la especialidad en España y, en particular, a aquellos que la ejercen en el ámbito de la medicina privada”.
La sociedad científica destaca que “ya en 2021, la Sociedad Española de Oncología Médica creó un Grupo de Trabajo de Medicina Privada y, entre sus tareas prioritarias se ha situado el análisis de esta situación”. La entidad afirma que “se han mantenido encuentros con las partes implicadas y se está realizando una recogida de toda la información necesaria y relevante para su análisis”. “El objetivo final de este trabajo”, sigue el escrito, “es contribuir a la solución de un problema de máxima relevancia para los pacientes que se están viendo afectados por estas decisiones”.
Aunque la SEOM afirma no tener todavía las “conclusiones en relación a la información que se está recopilando”, promete responder lo antes posible al caso “dada la relevancia social y profesional del asunto” y se ofrece a “las partes interesadas para establecer soluciones rápidas y eficaces que eviten que pacientes con cáncer se vean perjudicados por no recibir el tratamiento más adecuado”.
Atrys Health, por su parte, ha publicado un comunicado en el que defiende que “tiene una sólida experiencia de más de 20 años en asesoramiento oncológico” y que en esta función “la compañía presta esta asesoría siguiendo las guías clínicas internacionales, agencias de evaluación del medicamento nacionales e internacionales, y los informes de posicionamiento terapéutico del Ministerio de Sanidad”.
“Dicho asesoramiento”, sigue el texto, “se basa en el principio de la OMS que aboga por el uso racional del medicamento, que los pacientes reciban fármacos apropiados para sus necesidades clínicas, a dosis ajustadas a su situación particular, durante un periodo adecuado de tiempo y al mínimo coste posible para ellos y para la comunidad”. Es en este sentido, concluye Atrys, “la labor de orientación y asesoría en Oncología se realiza siempre en función de las casuísticas particulares de cada paciente bajo los parámetros de rigor científico, accesibilidad y equidad, apoyándose siempre en las evidencias médico-científicas”.
