El fiscal pide 6 años más de cárcel para un ex directivo de la Junta socialista ya condenado por corrupción
Tomás Pérez-Sauquillo.
Borja Jiménez
08/11/2021 17:29Actualizado:08/11/2021 17:29
La corrupción de la
Junta socialista de Andalucía sigue destapándose poco a poco. Con las
piezas separadas de distintos grandes
casos de corrupción del
PSOE en la comunidad, como
los ERE o
Invercaria, sigue subiendo la cifra total del dinero público malversado por la Junta socialista de Andalucía durante sus 37 años. Estos días, entre otros, se celebra en Sevilla la sesión de informes finales del juicio de la pieza separada de las irregularidades detectadas en la empresa de capital riesgo
Invercaria, adscrita a la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), correspondiente al préstamo participativo de
300.000 euros concedido por la entidad a la empresa jiennense
Fumapa, declarada finalmente en concurso de acreedores, una operación que habría derivado en un perjuicio de
359.581,6 euros para las arcas autonómicas.
Este juicio se dirige contra el que fuera presidente de
Invercaria,
Tomás Pérez-Sauquillo, -ya condenado a tres años y medio de cárcel por la pieza correspondiente al préstamo de
Invercaria a la empresa
Aceitunas Tatis y a dos años y tres meses de prisión por la pieza de personal-; la exconsejera de la agencia
IDEA y vocal del consejo de administración de
Invercaria Isabel de Haro Aramberri; el
exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, -condenado a inhabilitación especial por prevaricación en la sentencia sobre el «procedimiento específico» mediante el cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas para
expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias-; el vocal del consejo de administración de
Invercaria y del consejo rector de
IDEA Ramón Martín; y los directivos de
Fumapa y su sociedad derivada
Fumafra Fulgencio Canales y Francisco Gutiérrez Cañizares.
Tras las diferentes sesiones en torno al préstamo participativo de 300.000 euros concedido por
Invercaria a la empresa jiennense
Fumapa, pese a la supuesta «inviabilidad en todos los sentidos de tal ayuda» y después de que los empresarios presentasen sólo «dos folios manuscritos y un inventario», según la
Fiscalía Anticorrupción, el representante del
Ministerio Público ha insistido en que Pérez-Sauquillo y los restantes miembros del consejo de administración de
Invercaria aprobaron el citado préstamo con una documentación
«insuficiente e inconcreta».
El citado préstamo, según la
Fiscalía, habría sido concedido «sin expediente de inversiones aprobado ni por el
Departamento de Análisis (de Invercaria) ni por el
Comité de Inversiones conforme a lo que se regulaba en el
Plan Director de la compañía», ni mediar «plan de negocios ni análisis de inversión».
El fiscal ha mencionado expresamente el testimonio del que fuera director de Promoción de
Invercaria Cristóbal Cantos, acusado en otras piezas relativas a la gestión de la entidad; que respecto a
Fumapa apreciaba en un informe «un perfil positivo para recomendar la inversión solicitada», pero subordinando tal dictamen a «la necesidad de la auditoría de cuentas del ejercicio
2007, la diversificación de la cartera de clientes y un informe sobre la gestión de la empresa».
¿Dónde fue el dinero?
A tal efecto, recordemos que según la Fiscalía,
Fumapa y Fumafra no habrían dedicado el dinero recibido a
ninguna inversión industrial, sino «al
pago de acreedores, Seguridad Social y Agencia Tributaria».
A juicio del fiscal del caso,
Pérez-Sauquillo «soslayó toda aplicación del plan director» que regía el funcionamiento de
Invercaria y de «cualquier análisis» técnico, avisando de que la mencionada entidad de capital de riesgo operaba «prácticamente» como un
«sistema de subvenciones y ayudas encubiertas».
Respecto al resto de miembros del consejo de administración, el
fiscal ha señalado que habrían incurrido en «una dejación de funciones consciente y deliberada» al haber apoyado la concesión del citado préstamo participativo sin que pesase suficiente documentación para ello. «Nadie actuó para que se aportará la documentación que
Fumapa estaba obligada a entregar», ha aseverado, reprochando a estos acusados su «indolencia».
Inicialmente, la Fiscalía reclamaba seis años de cárcel, diez años de inhabilitación especial y 15 de inhabilitación absoluta para P
érez Sauquillo, Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete y Ramón Martín por un presunto delito de
prevaricación en concurso con un delito de
malversación de caudales públicos; así como dos años y medio de cárcel, seis años de inhabilitación especial y cinco años de inhabilitación absoluta para los empresarios encausados como supuestos inductores del delito perpetrado.
Fiscalía
Empero, la
Fiscalía ha modificado su escrito de conclusiones provisionales retirando la acusación contra
Francisco Gutiérrez Cañizares, cuya participación en los hechos se limitaría a la de «partícipe a título lucrativo»; reduciendo además la petición de pena respecto a
Fulgencio Canales a un año y medio de cárcel y dos años de inhabilitación especial.
Así, el fiscal ha mantenido sus peticiones de pena respecto al resto de acusados, es decir
Pérez-Sauquillo y los demás miembros del consejo de administración, adhiriéndose la acusación popular que ejerce el PP al informe del
Ministerio Público y solicitando los mismos aspectos respecto a los directivos de
Fumapa.
El abogado del
PP andaluz, en ese sentido, ha recalcado que el préstamo participativo fue concedido cuando Fumapa y Fumafra estaban «en causa de disolución», sin «plan de negocio» ni análisis de la operación, aspecto para el cual ha esgrimido el testimonio de Cantos, entre otros.
La representación de la
agencia IDEA, de su lado, sí ha defendido que los responsables de
Fumapa incurren a su entender en una «autoría» de los hechos, avisando de que el destino de unos fondos públicos asignados a un proyecto de naturaleza industrial «no puede ser pagar deudas» a terceros o con la Seguridad Social, como habría sucedido en este caso
«sin trámite» alguno por parte de los directivos encausados.
