La corrupcion del PSOE

[SultanaXS]

FERNANDO VILLÉN FUE DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO (FAFFE) DURANTE LA PRESIDENCIA DE MANUEL CHAVES

El juez localiza los 5 burdeles donde un alto cargo del PSOE gastó a golpe de tarjeta 30.000 euros de dinero público

El juez localiza los 5 burdeles donde un alto cargo del PSOE gastó a golpe de tarjeta 30.000 euros de dinero público

Como diría el gran Josep Pedrerol, ¡ha quedado retratado! Cierto es que ya se sabía que varios altos cargos de la Junta de Andalucía en la época en la que

www.periodistadigital.com

 

[Laly@]

FERNANDO VILLÉN FUE DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO (FAFFE) DURANTE LA PRESIDENCIA DE MANUEL CHAVES

El juez localiza los 5 burdeles donde un alto cargo del PSOE gastó a golpe de tarjeta 30.000 euros de dinero público

El juez localiza los 5 burdeles donde un alto cargo del PSOE gastó a golpe de tarjeta 30.000 euros de dinero público

Como diría el gran Josep Pedrerol, ¡ha quedado retratado! Cierto es que ya se sabía que varios altos cargos de la Junta de Andalucía en la época en la que

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Lo del PSOE con los burdeles y las tarjetas ya es preocupante.......

 

[AneAdiego4]

 

[Laly@]

 

[Laly@]

Los Casos de Corrupción en España, de: PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Casos-Aislados.com

La Corrupción en PSOE - Partido Socialista Obrero Español. No son Casos Aislados, ni Manzanas Podridas, tampoco son unos pocos Chorizos en política, es una Trama Mafiosa Política y Empresarial que se dedicó a saquear España.

www.casos-aislados.com

El partido mas corrupto de la historia de España....y Europa.......

 

[rohmerin]

 

[AneAdiego4]

 

[Bekita]

Pues es lo que ha pasado y mucho mas, con lo que le esta saliendo a su socio ni mu, ya sabemos donde estaban las cloacas

 

[Hastings]

El juez reactiva el caso de los 2.900 millones en ayudas de formación repartidas por gobiernos socialistas de Andalucía
Encarga a la Guardia Civil un informe de inteligencia policial para conocer si hubo trato de favor a determinadas empresas, causa que archivó la juez Núñez

El juez José Ignacio Vilaplana da el empujón definitivo a la causa política del caso Formación, la investigación abierta contra 24 antiguos cargos de la Junta de Andalucía que fue archivada por la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, y reabierta hace un año por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. La sala ordenó practicar las diligencias que rechazaba tras estimar parcialmente un recurso presentado por la acusación popular que ejerce el PP andaluz en la pieza más decisiva de la macrocausa de formación.

En un auto dictado el viernes 31 de julio al que ha accedido ABC, el magistrado ordena practicar numerosas diligencias, tal y como ordenó la Audiencia de Sevilla tras tumbar el sobreseimiento de la causa. Vilaplana encarga un informe de inteligencia policial a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una vez que analice todos los miles de expedientes de subvenciones para el desarrollo de acciones formativas relativas a Formación Profesional para el Empleo concedidas durante los años 2009 a 2012 por distintos gobiernos socialistas.

La investigación se centra en el control y gestión de los casi 3.000 millones de euros —se repartieron 2.896,48 millones entre 2002 y 2012— empleados en once años para la formación de parados en la comunidad con mayor número de parados de España.

El objetivo es averiguar si se generó a conciencia «una situación de falta de control de las subvenciones y fondos comprometidos destinada, directa o indirectamente, a favorecer a determinadas personas y entidades beneficiarias de aquéllas con el consiguiente menoscabo del interés y de los correspondientes fondos públicos».

«Una vez obtenida toda la documental de la Consejería de Empleo y el resto de informes y actuaciones anteriores, cuya práctica se acuerda en la presente resolución, la Unidad Central Operativa de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil deberá elaborar Atestado con Informe de Inteligencia Policial sobre el resultado final de la investigación», acuerda el instructor.

Peritos designados
El juez libra un oficio a la UCO por el que le insta a continuar con las pesquisas con el fin de lograr el «total esclarecimiento de los hechos y, en particular, proceda al análisis y examen, con la asistencia de los peritos designados, Interventor de la Junta de Andalucía e Interventor de la Intervención General del Estado, de los expedientes digitalizados aportados a este Juzgado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía con fecha de entrada 14 de julio de 2020».

Los investigadores se encargarán de cotejarlos con los examinados ya en el procedimiento a través de la aplicaciones informáticas y «comprobar si en los mismos se da la misma falta de documentación y defectos que en los ya examinados y que se ponen de relieve, especialmente en los informes de la Intervención obrantes en autos».

Entre otras cuestiones, la UCO deberá revisar si los expedientes de subvenciones cuentan con la «debida justificación» y si las empresas carecían de deudas previas con la Administración, incluyendo las de Seguridad Social y Tributarias o si tenía otras ayudas concedidas con anterioridad pendientes de justificación, la correcta baremación de los solicitantes -y beneficiarios- de las subvenciones para formación para el empleo. Además, cotejará la aportación de las facturas justificativas, la correcta acreditación de selección de alumnos y actas de selección de los mismos, así como el cumplimiento de la obligación de contratación por cuenta ajena del 60% de los alumnos en los cursos con compromiso de contratación o la existencia de partes de firmas de los alumnos.

En resumen, el juez insta a la UCO a hacer constar todas las «irregularidades» que encuentre, así como si se inició «el correspondiente expediente o procedimiento debió haber ser objeto de inicio de reintegro total o parcial, conforme a la disciplina administrativa, económica y financiera aplicable».

El juez quiere que la Guardia Civil detalle «cuántos expedientes de reintegro se incoaron respecto de los 15.561 expedientes totalmente justificados a abril de 2016 que se dice en referido informe (anterior) de 25 de abril de 2016, ni los resultantes de los 260 que se dicen parcialmente justificados» en dicho análisis.

En su auto, el magistrado hace hincapié en la necesidad de aclarar si la Junta, a través del Servicio Andaluz de Empleo, benefició a empresas fantasma y sin actividad real, creadas con el único fin de captar fondos publicos. En concreto, insiste en la necesida de determinar tres cuestiones: «a) si las entidades seleccionadas para dar cursos, sin que conste baremación, incluían algunas de constitución ad hoc o meramente instrumentales; b) si las entidades inscritas en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía existían y tenían efectiva actividad o se constituyeron ad hoc para proceder a su inmediata inscripción.; c) si existen empresas o entidades a las que se les ha concedido subvenciones estando pendientes de justificar anteriores no estando comprendidas en resolución de exceptuación alguna».

El juez solicita un informe sobre si el sistema Júpiter, implantado por la Junta de Andalucía, «permitía registrar como beneficiario de subvenciones a personas físicas o jurídicas o entidades que no estuvieran inscritos en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, o si era posible inscribirlo de forma inmediata y/o simultánea al inicio de la apertura del correspondiente expediente en dicho sistema».

Además, Vilaplana encarga otro estudio sobre «las subsanaciones y/o mejoras introducidas a raíz de la elaboración de los Informes de la Intervención de la Junta de Andalucía sobre Control Especial de Subvenciones de Formación para el empleo, ejercicios 2009-2012 en las distintas provincias andaluzas».

La Audiencia reabrió la pieza clave del fraude de la formación casi tres años después de un carpetazo que supuso un balón de oxígeno para el anterior Gobierno de Susana Díaz. La Junta había mostrado sin disimulo sus ansias por enterrar cuanto antes un caso que ocupaba el primer puesto en su orden de preocupaciones.

La sala ordenó a la juez practicar una serie de pruebas y diligencias de investigación ya admitidas por la juez Mercedes Alaya que su sucesora rehusó llevar a cabo en una causa que analiza las irregularidades cometidas en la concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a cursos por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2009 y 2012.

El juez reactiva el caso de los 2.900 millones en ayudas de formación repartidas por gobiernos socialistas de Andalucía

Encarga a la Guardia Civil un informe de inteligencia policial para conocer si hubo trato de favor a determinadas empresas, causa que archivó la juez Núñez

sevilla.abc.es

 

[Hastings]

 

[AneAdiego4]

 

[Hastings]

Detenido un juez del Constitucional por un incidente de presunta violencia de género

Conmoción en el TC por la situación Fernando Valdés, elegido magistrado a propuesta del PSOE, que ha sido puesto en libertad con cargos por el Juzgado.
11 agosto, 2020 13:50

El magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés ha sido detenido por la Guardia Civil en su domicilio de Majadahonda (Madrid) debido a un incidente de presunta violencia de género del que habría sido víctima su esposa esta madrugada.
Valdés es aforado debido a su cargo en el TC, por lo que la detención sólo ha podido deberse a que los agentes han apreciado que se estaba produciendo un presunto delito flagrante.

Fernando Valdés fue puesto esta mañana a disposición de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que ha acordado la puesta en libertad del jurista a primera hora de esta tarde.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han informado de que la jueza ha valorado la edad y condiciones de salud del magistrado como circunstancias que han aconsejado su libertad, aunque sigue con cargos. El Juzgado valorará en las próximas horas la remisión del asunto al Tribunal Supremo, dado que, por su cargo de miembro del TC, tiene fuero ante la Sala Penal.

Valdés, de 75 años, es uno de los cuatro miembros del Constitucional que deberían haber sido renovados hace un año, cuando concluyó su mandato.

Catedrático de Derecho del Trabajo, fue elegido juez del TC por el Congreso en 2012 a propuesta del PSOE.

La situación de Valdés ha causado conmoción en el Tribunal Constitucional, cuyo presidente, Juan José González Rivas, ha interrumpido sus vacaciones. Valdés es un magistrado apreciado en el TC, donde ha mantenido firmes posiciones de defensa de los derechos de la mujer y contra toda manifestación de violencia. Por ello, se cree que su situación de salud y el tratamiento médico al que está sometido puede haber tenido influencia en el episodio que ha dado lugar a su detención.

Fuentes del tribunal aseguraron que la esposa del magistrado no ha sido la que le ha denunciado, sino que lo hicieron unos vecinos alertados por una fuerte discusión. Tras el episodio, Valdés sufrió una crisis de salud y tuvo que ser llevado a un hospital.

Fernando Valdés es el segundo juez del TC implicado en un supuesto delito flagrante. Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, fue interceptado por una patrulla de Policía municipal en Madrid en junio de 2014 y encausado por un delito contra la seguridad vial. López dimitió de inmediato como magistrado del Tribunal Constitucional.

Detenido un juez del Constitucional por un incidente de presunta violencia de género

Conmoción en el TC por la situación Fernando Valdés, elegido magistrado a propuesta del PSOE, que ha sido puesto en libertad con cargos por el Juzgado.

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