Es imperativo implementar políticas migratorias más estrictas que incluyan: La revisión de las políticas de integración asegurando que los inmigran...
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La verdad sobre las agresiones sexuales y la inmigración en España.
En el debate público español, ciertos temas se han convertido en tabú, especialmente aquellos que relacionan la inmigración con la criminalidad. Sin embargo, es esencial abordar estos asuntos con objetividad, y basándonos en datos verificables, sin complejos ni temor a ser objeto de acusaciones infundadas por parte de la comunidad
woke. La seguridad de nuestros ciudadanos y la integridad de nuestras políticas públicas dependen de ello.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2021, de las 491 personas condenadas por delitos de agresión sexual en España, 267 tenían nacionalidad española (54,38 %), mientras que 224 eran extranjeras (45,62 %). Particularmente destacable es que 93 de estos condenados eran de origen africano, representando el 20 % del total, a pesar de que los ciudadanos africanos constituyen solo el 2,4 % de la población española. Estos datos indican una sobrerrepresentación de ciertos grupos en delitos de agresión sexual, lo que plantea interrogantes serios sobre las políticas migratorias y de integración actualmente vigentes.
A ello se suma una realidad especialmente preocupante: muchos de estos agresores provienen de culturas en las que la mujer no es considerada igual al hombre, sino un ser inferior, carente de derechos y sometido a la voluntad masculina. Este desprecio hacia la mujer es absolutamente incompatible con los valores fundamentales de una democracia y no puede ser tolerado ni relativizado en nombre del multiculturalismo.
El encubrimiento gubernamental y la complicidad de la oposición es alarmante. Observar cómo el gobierno actual minimiza o maquilla estas estadísticas, priorizando agendas ideológicas sobre la seguridad ciudadana, es un ejercicio de irresponsabilidad política. La falta de transparencia y la manipulación de la información impiden que la sociedad española esté plenamente informada: esto es un acto de censura informativa y supone coartar el derecho de los españoles a saber qué ocurre realmente en su país. Además, la adulteración de los datos impide la adopción de medidas efectivas para combatir esta amenaza.
Por otro lado, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, ha mostrado una actitud pusilánime, evitando confrontar esta realidad por temor a ser etiquetado de racista o xenófobo. Esta inacción los convierte en cómplices de una problemática que afecta directamente a la seguridad y bienestar de los españoles, siendo motivo suficiente para que estos se planteen otras alternativas de voto.
Frente a esta situación, es imperativo implementar políticas migratorias más estrictas que incluyan: La revisión de las políticas de integración asegurando que los inmigrantes respeten las leyes y valores fundamentales de España, promoviendo una convivencia armónica y basada en la igualdad entre hombres y mujeres. Control exhaustivo de los antecedentes penales previo a la entrada en territorio español, denegando la entrada a individuos con historial delictivo, haciendo especial hincapié en aquellos que hubiesen cometido delitos sexuales. Deportación inmediata y expulsión de extranjeros que cometan delitos graves en territorio español, garantizando que no representen una amenaza recurrente.
Abordar la relación entre inmigración y criminalidad no es una cuestión de racismo, sino una cuestión de seguridad ciudadana basada en datos objetivos. Negar o encubrir esta realidad solo perpetúa el problema y pone en riesgo a la sociedad. Es responsabilidad de nuestros líderes políticos actuar con contundencia y determinación, priorizando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos por encima de agendas ideológicas, la corrección política o el buenísimo que ha invadido nuestro país.
