Los cómplices de Israel
El alivio de un alto el fuego no puede ocultar que toda solución real pasa por eliminar el consentimiento de tantos países a los abusos llevados a cabo por los sucesivos gobiernos israelíes
Andrea Rizzi
18 ene 2025 - 05:00CET
Trump quiere un cese de hostilidades en Oriente Próximo y
Benjamín Netanyahu parece haber calculado que le convenía conceder al nuevo presidente de Estados Unidos lo que le negó al anterior. El inmenso sufrimiento humano provocado por la reacción de Israel al ataque de Hamás hace que el alto el fuego, aunque de ninguna manera pueda considerarse una paz, resulte un alivio de importancia casi indescriptible. La alegría que por ello probará toda persona decente no debería, sin embargo, llevarnos a la amnesia ni distorsionar el juicio sobre los cómplices de Israel en su despiadada acción bélica y en sus abusos de potencia ocupante. Si bien Estados Unidos es el principal, entre ellos figuran también muchos europeos. Es importante recordarlo en estas horas y en la nueva etapa del mismo camino.
Corresponde a la justicia definir el carácter de la acción israelí —genocidio, crímenes contra la humanidad, de guerra, etc.—. Afortunadamente, hay procedimientos en marcha.
La Corte Internacional de Justicia requirió medidas cautelares en el caso por presunto genocidio, y
ha considerado ilegal la ocupación en una opinión consultiva; el Tribunal Penal Internacional ha emitido
una orden de arresto contra Netanyahu. Esto no ha podido desviar el curso de los acontecimientos, pero que la justicia avance reviste máxima importancia. Reconocido a la justicia el papel fundamental e insustituible que tiene, es no solo legítimo sino necesario expresar juicios políticos y morales sobre los acontecimientos. Y aunque Israel haya hecho todo lo posible para que no se sepa lo que hace —impidiendo a los periodistas extranjeros entrar en Gaza, y matando a docenas los locales— hay elementos de sobra como para conformarse una opinión. El ataque de Hamás fue una intolerable barbaridad de índole terrorista que décadas de opresión y ocupación ilegal israelí no justifican; Israel tenía derecho a una legítima defensa, pero respondió con un castigo colectivo que se sitúa entre los mayores oprobios de la historia moderna, sea cual sea la definición jurídica que acaben dictaminando los jueces.
Esto solo ha sido posible con la complicidad fundamental de EE UU, proveedor esencial del armamento que habilitó esa acción y del amparo político del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto será una mancha indeleble en el legado de Joe Biden. Y conviene no hacerse ninguna ilusión con respecto a Donald Trump. Si bien es indudablemente su empuje político el que ha hecho gestar la posibilidad de una tregua necesaria, poca duda cabe de que es otro cómplice de Israel en los abusos que impiden toda perspectiva de paz. Basta con recordar como en su primer mandato trasladó la embajada de EE UU a Jerusalén. Todo apunta a que Trump seguirá avalando el anexionismo israelí.
Pero, aunque de segundo orden, no decisivas, deben considerarse las complicidades europeas. Alemania continúa con sus exportaciones militares a Israel (341 millones de euros en 2023, y unos 170 en 2024 hasta diciembre) y ha hecho todo lo que ha podido para frenar posiciones comunes de la UE que elevaran la presión sobre el país. La UE no tenía y no tendrá un peso decisivo en esa cuestión, pero es el primer socio comercial del país liderado por Netanyahu: podía haber hecho cosas de peso. No se hicieron porque algunos no quisieron.
Alemania no es el único país europeo que afrontará un duro juicio de la historia en esa cuestión. Por supuesto hay que señalar a la Hungría de Orbán, a menudo en la minúscula cuadrilla que en la ONU ha defendido lo indefendible —como la ocupación ilegal, que suma y sigue—. Pero cabe recordar también los titubeos y ambigüedades de Francia, que, ante la orden de detención contra Netanyahu, dejó entender que no procedería a ella si el político pisara su suelo. Alemania e Italia también responden de forma ambigua y con contorsionismo (aunque Italia sí ha ido resecando el flujo de suministros militares a Israel).
Tampoco debería olvidarse la posición de Ursula von der Leyen,
bien retratada con su visita de 2023 a Jerusalén, que fue probablemente una extralimitación de sus competencias y sin duda la bandera de una posición muy escorada en favor de Israel.
Hay países —como España, Bélgica o Irlanda— o dirigentes que han mantenido posiciones que superan mucho mejor el juicio moral. Pero las sombras se extienden sobre muchos otros.
Israel tiene derecho a existir en seguridad. Los secuestrados deben ser devueltos y su sufrimiento, así como aquel de todos los afectados por la barbarie del 7 de octubre, debe ser objeto de insuperable empatía. El antisemitismo es una espantosa lacra que no ha sido todavía erradicada y ante la cual hay que permanecer vigilantes. Pero todo lo anterior no impide que, desde hace décadas, Israel es un opresor sin derecho. Esa opresión —demasiado a menudo brutalmente violenta— tiene cómplices que la habilitan y consienten. En Europa también. El alivio de un alto al fuego es inmenso, pero toda solución real pasa por eliminar esa habilitación, ese consentimiento.
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