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La compañía toma la decisión el día antes de que su CEO tenga que declarar por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores
Glovo acaba de dar un histórico giro en su política laboral al asegurar que pasará a contratar a los repartidores que, hasta el momento, trabajaban como autónomos y que en la actualidad ascienden a alrededor de 15.000, según han trasladado desde la empresa a EL MUNDO.
La empresa española lleva años de batalla judicial en la que ha encadenado severas derrotas al considerar sistemáticamente la justicia que estaba empleando un modelo de falsos autónomos, un escrutinio que se intensificó con la aprobación de la Ley Rider y el abierto desafío de la empresa a su cumplimiento, que ha desatado una cascada de críticas en el resto de competidores.
Yolanda Díaz, la gran impulsora de la Ley, ha celebrado abiertamente la decisión de la compañía, que, no obstante, asegura en todo momento haber cumplido siempre la legislación: "Las leyes están para cumplirlas. Lo hemos dicho: sin excepciones. Ninguna gran empresa está por encima de una ley. La democracia gana. Ningún joven con un móvil en la mano es un emprendedor", señalaba en su perfil de X (Twitter).
De acuerdo a la vicepresidente, se tratará "el movimiento afiliativo más importante de la historia", ya que asegura que se llevarán a cabo 60.000 regularizaciones, una cifra que choca con el número de repartidores con los que cuenta actualmente la compañía y que representa con más precisión el número de procesos abiertos contra Glovo en estos años de batalla entre la Inspección y la empresa.
De cara a ejecutar las contrataciones, la tecnológica abrirá un proceso con los sindicatos para la regularización de sus trabajadores y el paso a un trabajo salariado en las más de 900 ciudades en las que opera.
La compañía toma la decisión en un momento complicado a nivel financiero y un día antes de que su CEO, Oscar Pierre, declare en Barcelona imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores. Se trata de la primera vez que la empresa es acusada por la vía penal, si bien acumula una larga historia de multas sobre las que aún tiene que pronunciarse el Tribunal Supremo.
De hecho, la compañía consiguió aplazar la aplicación de numerosas sentencias al no contar con los recursos financieros suficientes para afrontar el pago, a la espera de una resolución definitiva sobre las decenas de procedimientos judiciales abiertos contra sus riders.
Uno de los más novedosos es el que acaba de abrir su competencia directa. JustEat, que ha anunciado este lunes que hace unos días presentó una demanda ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona en la que acusa a Glovo de competencia desleal por violación de normas y contratación de falsos autónomos, por lo que reclaman 295 millones de euros en daños y prejuicios.
Según los cálculos de esta compañía, la empresa española se habría ahorrado más de 645 millones de euros mediante la contratación de falsos autónomos, mientras el resto de competidores regularizaba sus flotas.
"Numerosas sentencias han condenado a Glovo por contratar a repartidores como falsos autónomos y vulnerar la normativa de Derecho Laboral. Esto sitúa a Just Eat España en una clara situación de desventaja competitiva, ya que Just Eat España sí contrata a los repartidores por cuenta ajena, incurriendo en elevados costes adicionales, tal y como exige la ley", apunta la compañía.
Además, la matriz asegura que el cambio de modelo restará 100 millones de euros de rentabilidad a la empresa española en su próximo año fiscal, si bien seguirá teniendo un beneficio ajustado positivo, según traslada a sus inversores.
Con todo, la compañía no ha reservado dinero para afrontar este aumento de los posibles gastos judiciales. "Delivery Hero no pretende reconocer provisión alguna, ya que la empresa cree que no hay suficiente base legal para reclasificar a los trabajadores", señala la empresa, que sí apunta a que tendrá que aportar garantías bancarias y cifra los primeros pagos en, como pronto, el segundo trimestre de 2025. Como resultado, las acciones de la compañía se desploman un 8% en el bolsa.
Glovo acaba de dar un histórico giro en su política laboral al asegurar que pasará a contratar a los repartidores que, hasta el momento, trabajaban como autónomos y que en la actualidad ascienden a alrededor de 15.000, según han trasladado desde la empresa a EL MUNDO.
La empresa española lleva años de batalla judicial en la que ha encadenado severas derrotas al considerar sistemáticamente la justicia que estaba empleando un modelo de falsos autónomos, un escrutinio que se intensificó con la aprobación de la Ley Rider y el abierto desafío de la empresa a su cumplimiento, que ha desatado una cascada de críticas en el resto de competidores.
Yolanda Díaz, la gran impulsora de la Ley, ha celebrado abiertamente la decisión de la compañía, que, no obstante, asegura en todo momento haber cumplido siempre la legislación: "Las leyes están para cumplirlas. Lo hemos dicho: sin excepciones. Ninguna gran empresa está por encima de una ley. La democracia gana. Ningún joven con un móvil en la mano es un emprendedor", señalaba en su perfil de X (Twitter).
De acuerdo a la vicepresidente, se tratará "el movimiento afiliativo más importante de la historia", ya que asegura que se llevarán a cabo 60.000 regularizaciones, una cifra que choca con el número de repartidores con los que cuenta actualmente la compañía y que representa con más precisión el número de procesos abiertos contra Glovo en estos años de batalla entre la Inspección y la empresa.
De cara a ejecutar las contrataciones, la tecnológica abrirá un proceso con los sindicatos para la regularización de sus trabajadores y el paso a un trabajo salariado en las más de 900 ciudades en las que opera.
La compañía toma la decisión en un momento complicado a nivel financiero y un día antes de que su CEO, Oscar Pierre, declare en Barcelona imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores. Se trata de la primera vez que la empresa es acusada por la vía penal, si bien acumula una larga historia de multas sobre las que aún tiene que pronunciarse el Tribunal Supremo.
De hecho, la compañía consiguió aplazar la aplicación de numerosas sentencias al no contar con los recursos financieros suficientes para afrontar el pago, a la espera de una resolución definitiva sobre las decenas de procedimientos judiciales abiertos contra sus riders.
Uno de los más novedosos es el que acaba de abrir su competencia directa. JustEat, que ha anunciado este lunes que hace unos días presentó una demanda ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona en la que acusa a Glovo de competencia desleal por violación de normas y contratación de falsos autónomos, por lo que reclaman 295 millones de euros en daños y prejuicios.
Según los cálculos de esta compañía, la empresa española se habría ahorrado más de 645 millones de euros mediante la contratación de falsos autónomos, mientras el resto de competidores regularizaba sus flotas.
"Numerosas sentencias han condenado a Glovo por contratar a repartidores como falsos autónomos y vulnerar la normativa de Derecho Laboral. Esto sitúa a Just Eat España en una clara situación de desventaja competitiva, ya que Just Eat España sí contrata a los repartidores por cuenta ajena, incurriendo en elevados costes adicionales, tal y como exige la ley", apunta la compañía.
Hasta 770 millones en sanciones
En paralelo al anuncio en España, el dueño de Glovo, la alemana Delivery Hero ha aumentado drásticamente el impacto por las sanciones y contingencias legales de Glovo a un umbral que va desde los 440 a los 740 millones de euros, una cifra mucho más elevada que los entre 330 y 550 millones de euros presentados por la empresa alemana a mediados de año.Además, la matriz asegura que el cambio de modelo restará 100 millones de euros de rentabilidad a la empresa española en su próximo año fiscal, si bien seguirá teniendo un beneficio ajustado positivo, según traslada a sus inversores.
Con todo, la compañía no ha reservado dinero para afrontar este aumento de los posibles gastos judiciales. "Delivery Hero no pretende reconocer provisión alguna, ya que la empresa cree que no hay suficiente base legal para reclasificar a los trabajadores", señala la empresa, que sí apunta a que tendrá que aportar garantías bancarias y cifra los primeros pagos en, como pronto, el segundo trimestre de 2025. Como resultado, las acciones de la compañía se desploman un 8% en el bolsa.
