“Son muy vulnerables y no tienen redes de apoyo, los agresores y las mafias lo aprovechan”, advierten los expertos, que alertan de que los datos oficiales del drama son solo la punta del iceberg
—Tú me follas y yo te consigo cosas.
La frase, que aparece en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, encierra en ocho palabras el infierno de una menor de edad tutelada por la región madrileña. Ocurre en 2019. Ella tiene 12 años. Reside en un piso tutelado de régimen abierto. Un día no vuelve a dormir. Desde entonces, y hasta que cumple los 13, protagoniza un drama que tiene como escenarios parques, pisos y chabolas. “Las cosas” que le prometen a cambio de felaciones, masturbaciones y relaciones sexuales son drogas, pequeñas cantidades de dinero, o móviles. Cecilia —nombre ficticio con el que aparece en el documento judicial— es abusada por varios hombres. Hasta la tragedia la arrastra una tía suya que la usa para conseguir dinero y drogas, y que además la introduce en la cocaína. No es un caso único: al menos
1.113 niños tutelados por las administraciones regionales han denunciado casos de abuso sexual desde 2019, según una investigación de EL PAÍS basada en datos oficiales y peticiones de información hechas bajo el amparo de la ley de transparencia.
Esa cifra, parcial, pues hay regiones que dicen desconocer el dato y otras que se niegan a compartirlo, es la punta del iceberg de un problema que se extiende por toda España. No importa el tamaño de la región, ni cómo se concentran sus poblaciones. Los niños tutelados (
más de 30.000), son los más vulnerables entre los vulnerables.
“Posiblemente lo que conozcamos sea solo la punta del iceberg”, dice Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales como representante de Ciudadanos en el gobierno de coalición que alió a este partido con el PP en la Comunidad de Madrid entre 2019 y 2021. “Está claro que hay fallos graves en el sistema de protección. Se trata de niños muy vulnerables, pues muchos tienen traumas previos, desarraigo familiar o no cuentan con redes de apoyo. Agresores y mafias lo aprovechan. Hay un riesgo claro de explotación sexual”, añade. “Hay falta de recursos humanos y materiales en los centros de protección, con personal saturado, lo que afecta a la detección y prevención de abusos”, empieza a enumerar los problemas. “Hay poca escucha a los menores, sus denuncias a menudo no son atendidas con la celeridad ni la sensibilidad necesarias”, sigue. “Y la coordinación es mejorable entre servicios sociales, educativos, sanitarios, policía y juzgados. Muchas señales de alerta no se comparten y no se actúa a tiempo”.
Los menores viven, en general, con libertad de movimientos. Nada ni nadie les retiene, pues no son culpables de nada. Y por esa puerta abierta a veces entra el diablo.
Ocurrió con Cecilia, la niña de 12 años a la que ofrecían “cosas” a cambio de s*x*. O con Sagrario y María Dolores —nombres de nuevo ficticios—, que se fugaron de su piso de protección en Castilla-La Mancha, y siguieron la pista de un conocido hasta un polígono, donde la primera consumió drogas y la segunda fue violada. O con Ruth, una menor tutelada por la Generalitat, que en medio de la pandemia, allá por 2020, recibía estos mensajes de un adulto con el que había roto una relación:
“Te voy a matar, te voy a violar, te voy a degollar, te voy a tirar gasolina en la cabeza después de haberte violado y hacerte de todo y quemarte toda”. O con las niñas de la
Operación Sana,
que en 2022 destapó una red de explotación sexual de adolescentes a las que sus explotadores habían enganchado a las drogas para controlarlas más fácilmente.