El productor musical Nacho Cano se ha convertido en uno de los claros protagonistas de la semana. El músico fue detenido y más tarde puesto en libertad con cargos por
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La situación de los jóvenes mexicanos
Según han desvelado fuentes de la Policía a Radio Televisión Española, Nacho Cano y su equipo convencieron a los jóvenes para entrar a nuestro país como turistas y, una vez aquí, pedir el permiso de estudios. El pasado mes de mayo, los chicos 'recibieron' la respuesta negativa de la Administración a las peticiones, ya que no tenían un plan formativo adecuado.
Los jóvenes no llegaron nunca a ser conscientes de que su permiso por estudios había sido rechazado y que estaban en situación irregular, por lo que siguieron trabajando como si tal cosa.
Condiciones cuestionables
RTVE ha publicado también que cada uno de los integrantes de este grupo de trabajadores estaba cobrando 500 euros al mes por más de 10 horas diarias de esfuerzo y trabajo (sueldo que había subido, ya que el salario inicial era más bajo).
Además, durante todos los meses que los artistas han estado en la capital preparando el
show de Nacho Cano, han permanecido en un hostal del centro y no han tenido una casa en la que poder descansar de manera libre y tranquila.
La investigación de la Policía
La Policía está investigando, por un lado. un delito contra los derechos (y sobre la explotación) de los trabajadores. Por otro, un segundo delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y el favorecimiento de la inmigración ilegal.
Además, los agentes de la autoridad están llevando a cabo una extensa investigación para descubrir si en el resto de espectáculos del hombre han sucedido también este tipo de prácticas. Es decir, están comprobando si este tipo de contrataciones son habituales y si pueden constituir derecho penal.
Posible pena
Si las acusaciones siguen adelante y el compositor musical va a juicio, Nacho Cano podría enfrentarse a una pena de dos a cinco años de cárcel por el delito de 'favorecimiento de inmigración ilegal'.
En cuanto a la acusación sobre los derechos de los trabajadores y a la supuesta explotación a la que los tendría sometidos, Cano tendría que hacer frente a una pena de entre seis meses a seis años de prisión.