La Dana - Valencia.
- AutorNancy Astor
- Fecha de inicio
Mazón a prisión
Martes 29-O: el día que la política suspendió en geografía
El auto de la jueza apunta al desconocimiento del territorio en la gestión de la emergencia, que sí mostraron periodistas desplazados ese día a los puntos más críticos
www.levante-emv.comMartes 29-O: el día que la política suspendió en geografía
El auto de la jueza apunta al desconocimiento del territorio en la gestión de la emergencia, que sí mostraron periodistas desplazados ese día a los puntos más críticos
Varios alcaldes de la Ribera, hijos de la 'pantanada' de 1982, se anticiparon a la cúpula de Emergencias: a las 18.30 la Policía de Carlet pedía a la ciudadanía subir a plantas altas
Barranco de Chiva, tras la dana. / J.M. López
José Luis García Nieves
València16 MAR 2025 7:01
A las 15 horas y 7 minutos del fatídico 29 de octubre, en una conexión en directo desde Chiva, la periodista de À Punt María Sánchez exhibe conocimiento del terreno y anticipa escenarios. “Ahora el peligro no es este barranco, que por esta parte local urbana no se ha desbordado, pero aguas más abajo toma el nombre del barranco del Poyo, y va hacia Cheste, más abajo hacia Alaquàs y Aldaia, y ahí sí que corren el peligro de más inundaciones. Estamos en alerta roja todavía hasta las cinco de la tarde”, señalaba a la audiencia. A esa hora, el Consell estaba pidiendo el despliegue de la UME para Utiel; el president comenzaba una comida en el centro de València, y aún faltaban dos horas para que comenzara la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).
El testimonio lo recoge la jueza de Catarroja como ejemplo de buen hacer en un demoledor auto donde imputa a la cúpula política de emergencias de la Generalitat y, sobre todo, cuestiona la línea argumental del Consell: la magistrada señala que había información disponible y que “no serían necesarios especiales conocimientos técnicos” para conocer por “dónde discurría el barranco del Poyo”.
Es una de las lecturas de fondo que deja el escrito de la jueza: la importancia del conocimiento del territorio en la gestión de una emergencia. La jueza Ruiz Tobarra se sorprende de la falta de agilidad de la administración autonómica, siendo las inundaciones un tema tan sensible para los valencianos. Tal como añade en otro punto del auto, “constituye un saber común las repercusiones mortales que han revestido las inundaciones en la Comunidad Valenciana. Las más graves fueron la riada de 1957 y la pantanada de Tous. Correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población”.
La “conciencia situacional”
“Cuando una periodista tiene más conocimiento del territorio que los gestores del territorio tenemos un problema grave como sociedad”, reflexiona Ferran Dalmau, ingeniero forestal y director de Medi XXI, consultora dedicada a la gestión de emergencias y protección civil. El experto, preguntado por la importancia del conocimiento del territorio, echa mano de un concepto básico en gestión de emergencias: la “conciencia situacional”. “Se refiere a la capacidad de percibir con claridad todos los factores relevantes de una emergencia, su entorno, entender su dinámica y predecir cómo evolucionará”, resume.
Uno de los factores fundamentales para una correcta conciencia situacional es el conocimiento geográfico del territorio. No es lo mismo una dana en Orihuela pegada a la costa, que otra que caiga a 50 o 60 kilómetros del litoral, con recorrido para hacer daño, ejemplifica. Fuentes de la reunión del Cecopi apuntaban que, esa noche, incluso después de la alerta y con l’Horta Sud devastada, se siguió hablando de la situación de Forata, no de la rambla del Poyo. «Creo que muchos de allí no sabían que ese barranco existía», señala otro testigo.
Los alcaldes de la Ribera, siguiendo el esquema que dibuja el experto, sí exhibieron conciencia situacional: “Desde la ‘pantanada’ de 1982 tenemos mucho miedo cada vez que viene una gota fría”, señala Jordi Mayor, alcalde de Cullera y nacido en 1980. Mayor lo resume así: si hay temporal, los alcaldes saben que tienen que mirar en el SAIH de la confederación el sensor de l’Hort de Mulet: “Hasta 600 m2/s, tranquilidad”. Los correos con las evoluciones del caudal de ese punto, en Algemesí, figuran entre los 198 enviados por la Confederación Hidrográfica del Júcar a Emergencias en las horas más críticas de aquel fatídico martes.Los alcaldes de la Ribera baixa tienen también un grupo de whatsapp donde decidieron, por ejemplo, suspender las clases y avisar a la población. El recuerdo de la pantanada explica también la atención que se prestó al embalse de Forata en esas horas.
Esa memoria del agua y la tragedia se vio también en el comportamiento de Vicent Mompó, presidente de la diputación y alcalde de Gavarda (pueblo trasladado de ubicación por la pantanada), movilizado desde primera hora. O en Carlet, donde su alcaldesa, Laura Sáez, también criada en la ‘pospantanada’ estuvo en contacto con la CHJ y envió a la policía a avisar en las calles cercanas al Magro para desalojar plantas bajas, sacar los coches, y “ordenar a todos que suban a las plantas altas y alturas superiores”. A las 18.30 horas, cien minutos antes del envío del EsAlert, que pedía únicamente no circular.
..
Un alcalde consultado, con todo, señala la trascendencia de ese conocimiento del entorno de los dirigentes más pegados al territorio, pero señala que también esa capacidad deben aportarla los técnicos. “Un conseller no puede saber por dónde pasa cada rambla de una región”, concluye.
Este artículo de opinión explica muchas cuestiones que yo me había planteado hace semanas sobre la confusión deliberada (el artículo dice errónea, pero yo no lo creo) que hay entre responsabilidad penal y la política, los juicios anticipados de la jueza de instrucción sobre las personas imputadas y acotar demasiado la responsabilidad a la omisión del aviso a tiempo y no otras omisiones posteriores. Lo que puede llevar a que nadie resulte responsable de nada.
valenciaplaza.com
Javier Alfonso
Publicado: 16/03/2025 ·06:00
Actualizado: 16/03/2025 · 06:00
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Siempre al día de las últimas
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, prometió el viernes que su partido asumirá las responsabilidades políticas que le correspondan por la tragedia de la Dana cuando se llegue "al final" de la investigación. "¡Tan largo me lo fiáis!”, le podría haber respondido Mazón a la manera de Don Juan Tenorio. Era la constatación, por si nos quedaba alguna duda, de que Mazón no va a dimitir ni el PP le va a empujar a hacerlo.
La estrategia del PP, que se va aclarando después de tantos vaivenes, tiene una doble ventaja para Mazón: despeja su futuro a corto plazo y, lo que es más importante, lo liga al devenir del proceso judicial, donde es poco probable que acabe imputado y mucho menos condenado.
Como ya comenté en el último Billete, los partidos políticos y no pocos medios de comunicación caen en el error de vincular la responsabilidad política a la penal, de manera que si no hay imputación, apertura de juicio oral o condena –donde cada uno quiera poner la línea roja–, no habrá responsabilidad política. Y lo que no hay es vergüenza. Vergonya, senyors, vergonya!
Se entiende que esta sea la estrategia del político al que se pide la dimisión, porque a algo se tiene que agarrar, pero no que la oposición esté agitando autos judiciales para reclamar lo que no necesita más argumentos: miles de valencianos pedían auxilio el 29 de octubre y el presidente no estaba, y cientos de miles quedaron “desamparados” –como dijo el martes Juan Roig– los días siguientes porque la ayuda oficial no llegó. En lo que pasó días siguientes se pone menos énfasis a la hora de pedir la dimisión de Mazón, quizás porque el desamparo tuvo otros responsables políticos. Hasta la jueza lo dejó fuera de la investigación, decisión que merece un comentario al final de esta columna.
Por ejemplo, su empeño en atribuir la exclusiva responsabilidad de lo ocurrido a la Administración autonómica con la reiterada exculpación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, señalado por la Generalitat y por varias acusaciones, a quien no ha llamado ni como testigo para que explique, por ejemplo, si además de enviar los datos de caudal del barranco del Poyo por los conductos habituales como cualquier otro día, no pensó el 29 de octubre por la tarde que su deber era alertar verbalmente a quienes en el Cecopi no eran conscientes del peligro que representaban esos datos para los habitantes de los pueblos por donde pasa el barranco; o qué hizo y a quién llamó en la hora en que estuvo desconectado del Cecopi, y qué dijo, si es que dijo algo, cuando volvió a conectarse a las 19.05h y vio que la única preocupación en el centro de coordinación era la presa de Forata y no el barranco del Poyo.
La jueza ha concluido que Polo cumplió con sus obligaciones y que había “sobrada” información a disposición de la Generalitat pero que no se manejó bien. Ciertamente, por parte de la Aemet, señalada también por el Consell, ha quedado acreditado que avisó por tierra, mar y aire, y sirva como muestra este tuit del 29 de octubre a las 11.44 h.
Además, considera “extraño que se pretenda descargar en los técnicos el contenido del mensaje” de Es-alert enviado a las 20.11h, mensaje que ya calificó en otro auto de “tardío y erróneo”. Y uno quiere pensar que el mensaje no lo redactó en solitario Salomé Pradas –exconsellera que dirigía el Cecopi y ha sido citada como imputada–, ni el ex secretario autonómico Emilio Argüeso –único integrante del Cecopi citado como imputado además de Pradas–, ni Mazón –al que no puede imputar por ser aforado, pero ha señalado ofreciéndole ir a declarar asistido por un abogado–, sino que alguno de los otros integrantes del Cecopi, sobre todo los uniformados que están allí porque son especialistas en Emergencias, tendría algo que ver.
Atribuir la responsabilidad penal exclusivamente a los altos cargos de la Generalitat puede llevar a una instrucción politizada –no olvidemos que entre las acusaciones populares hay partidos políticos– cuyo resultado acabe decepcionando a las víctimas. La jueza apunta alto, pero no sería la primera vez que una instrucción queda en nada por querer cobrarse solo la pieza mayor. Por ejemplo, algunas de las que afectaron a Francisco Camps dirigidas por el ex fiscal anticorrupción Vicente Torres. Porque la responsabilidad política está muy clara pero la penal hay que probarla.
Otrosí: El 10 de marzo la jueza elevó la cifra de muertos por la Dana en Valencia a 225, además de los tres desaparecidos. Según el TSJCV, la última víctima es una mujer que “padecía leucemia, requería transfusiones periódicas de sangre y asistencia respiratoria con oxígeno y, después de quedar sin esa asistencia, falleció en el Hospital de La Fe el 12 de noviembre”.
La decisión abre varios interrogantes: ¿Ha preguntado a la Conselleria de Sanidad antes de llegar a esa conclusión? ¿Cuánto tiempo quedó esta persona sin asistencia después de la Dana y quién es responsable de que no la recibiera? ¿Significa eso que la jueza sí va a indagar sobre la tardía ayuda oficial los días posteriores al 29 de octubre, que en uno de sus primeros autos dejó expresamente fuera de la investigación por no haber, según ella, “nexo causal” con las muertes?
¿Qué busca la jueza de la Dana?
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Opinión
EL BILLETE¿Qué busca la jueza de la Dana?
Javier Alfonso
Publicado: 16/03/2025 ·06:00
Actualizado: 16/03/2025 · 06:00
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Siempre al día de las últimas
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, prometió el viernes que su partido asumirá las responsabilidades políticas que le correspondan por la tragedia de la Dana cuando se llegue "al final" de la investigación. "¡Tan largo me lo fiáis!”, le podría haber respondido Mazón a la manera de Don Juan Tenorio. Era la constatación, por si nos quedaba alguna duda, de que Mazón no va a dimitir ni el PP le va a empujar a hacerlo.
La estrategia del PP, que se va aclarando después de tantos vaivenes, tiene una doble ventaja para Mazón: despeja su futuro a corto plazo y, lo que es más importante, lo liga al devenir del proceso judicial, donde es poco probable que acabe imputado y mucho menos condenado.
Como ya comenté en el último Billete, los partidos políticos y no pocos medios de comunicación caen en el error de vincular la responsabilidad política a la penal, de manera que si no hay imputación, apertura de juicio oral o condena –donde cada uno quiera poner la línea roja–, no habrá responsabilidad política. Y lo que no hay es vergüenza. Vergonya, senyors, vergonya!
Se entiende que esta sea la estrategia del político al que se pide la dimisión, porque a algo se tiene que agarrar, pero no que la oposición esté agitando autos judiciales para reclamar lo que no necesita más argumentos: miles de valencianos pedían auxilio el 29 de octubre y el presidente no estaba, y cientos de miles quedaron “desamparados” –como dijo el martes Juan Roig– los días siguientes porque la ayuda oficial no llegó. En lo que pasó días siguientes se pone menos énfasis a la hora de pedir la dimisión de Mazón, quizás porque el desamparo tuvo otros responsables políticos. Hasta la jueza lo dejó fuera de la investigación, decisión que merece un comentario al final de esta columna.
- Foto: ROBER SOLSONA/EP
Por ejemplo, su empeño en atribuir la exclusiva responsabilidad de lo ocurrido a la Administración autonómica con la reiterada exculpación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, señalado por la Generalitat y por varias acusaciones, a quien no ha llamado ni como testigo para que explique, por ejemplo, si además de enviar los datos de caudal del barranco del Poyo por los conductos habituales como cualquier otro día, no pensó el 29 de octubre por la tarde que su deber era alertar verbalmente a quienes en el Cecopi no eran conscientes del peligro que representaban esos datos para los habitantes de los pueblos por donde pasa el barranco; o qué hizo y a quién llamó en la hora en que estuvo desconectado del Cecopi, y qué dijo, si es que dijo algo, cuando volvió a conectarse a las 19.05h y vio que la única preocupación en el centro de coordinación era la presa de Forata y no el barranco del Poyo.
La jueza ha concluido que Polo cumplió con sus obligaciones y que había “sobrada” información a disposición de la Generalitat pero que no se manejó bien. Ciertamente, por parte de la Aemet, señalada también por el Consell, ha quedado acreditado que avisó por tierra, mar y aire, y sirva como muestra este tuit del 29 de octubre a las 11.44 h.
- Mensaje de Aemet a las 11.44 h. del 29 de octubre. Fuente: X
Además, considera “extraño que se pretenda descargar en los técnicos el contenido del mensaje” de Es-alert enviado a las 20.11h, mensaje que ya calificó en otro auto de “tardío y erróneo”. Y uno quiere pensar que el mensaje no lo redactó en solitario Salomé Pradas –exconsellera que dirigía el Cecopi y ha sido citada como imputada–, ni el ex secretario autonómico Emilio Argüeso –único integrante del Cecopi citado como imputado además de Pradas–, ni Mazón –al que no puede imputar por ser aforado, pero ha señalado ofreciéndole ir a declarar asistido por un abogado–, sino que alguno de los otros integrantes del Cecopi, sobre todo los uniformados que están allí porque son especialistas en Emergencias, tendría algo que ver.
Atribuir la responsabilidad penal exclusivamente a los altos cargos de la Generalitat puede llevar a una instrucción politizada –no olvidemos que entre las acusaciones populares hay partidos políticos– cuyo resultado acabe decepcionando a las víctimas. La jueza apunta alto, pero no sería la primera vez que una instrucción queda en nada por querer cobrarse solo la pieza mayor. Por ejemplo, algunas de las que afectaron a Francisco Camps dirigidas por el ex fiscal anticorrupción Vicente Torres. Porque la responsabilidad política está muy clara pero la penal hay que probarla.
- Foto: DIEGO RADAMÉS/EP
Otrosí: El 10 de marzo la jueza elevó la cifra de muertos por la Dana en Valencia a 225, además de los tres desaparecidos. Según el TSJCV, la última víctima es una mujer que “padecía leucemia, requería transfusiones periódicas de sangre y asistencia respiratoria con oxígeno y, después de quedar sin esa asistencia, falleció en el Hospital de La Fe el 12 de noviembre”.
La decisión abre varios interrogantes: ¿Ha preguntado a la Conselleria de Sanidad antes de llegar a esa conclusión? ¿Cuánto tiempo quedó esta persona sin asistencia después de la Dana y quién es responsable de que no la recibiera? ¿Significa eso que la jueza sí va a indagar sobre la tardía ayuda oficial los días posteriores al 29 de octubre, que en uno de sus primeros autos dejó expresamente fuera de la investigación por no haber, según ella, “nexo causal” con las muertes?
La 'plantà' también llega a las fallas de la zona cero de la Dana: "La gente lo necesita para desconectar"
www.hortanoticias.com
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Al igual que las comisiones falleras de la ciudad de València se preparan durante estos días para el ritual de la 'plantà', también lo hacen las de los
www.hortanoticias.comLa solidaridad andaluza con los emocionados falleros de Chiva
valenciaplaza.com
En los medios no hay muchas noticias de algunas poblaciones afectadas (como Chiva), ni de la solidaridad del resto de España. Dejo esta por aquí
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¿Qué busca la jueza de la Dana?
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EL BILLETE¿Qué busca la jueza de la Dana?
Javier Alfonso
Publicado: 16/03/2025 ·06:00
Actualizado: 16/03/2025 · 06:00
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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, prometió el viernes que su partido asumirá las responsabilidades políticas que le correspondan por la tragedia de la Dana cuando se llegue "al final" de la investigación. "¡Tan largo me lo fiáis!”, le podría haber respondido Mazón a la manera de Don Juan Tenorio. Era la constatación, por si nos quedaba alguna duda, de que Mazón no va a dimitir ni el PP le va a empujar a hacerlo.
La estrategia del PP, que se va aclarando después de tantos vaivenes, tiene una doble ventaja para Mazón: despeja su futuro a corto plazo y, lo que es más importante, lo liga al devenir del proceso judicial, donde es poco probable que acabe imputado y mucho menos condenado.
Como ya comenté en el último Billete, los partidos políticos y no pocos medios de comunicación caen en el error de vincular la responsabilidad política a la penal, de manera que si no hay imputación, apertura de juicio oral o condena –donde cada uno quiera poner la línea roja–, no habrá responsabilidad política. Y lo que no hay es vergüenza. Vergonya, senyors, vergonya!
Se entiende que esta sea la estrategia del político al que se pide la dimisión, porque a algo se tiene que agarrar, pero no que la oposición esté agitando autos judiciales para reclamar lo que no necesita más argumentos: miles de valencianos pedían auxilio el 29 de octubre y el presidente no estaba, y cientos de miles quedaron “desamparados” –como dijo el martes Juan Roig– los días siguientes porque la ayuda oficial no llegó. En lo que pasó días siguientes se pone menos énfasis a la hora de pedir la dimisión de Mazón, quizás porque el desamparo tuvo otros responsables políticos. Hasta la jueza lo dejó fuera de la investigación, decisión que merece un comentario al final de esta columna.
Tampoco se entiende del todo la línea de investigación seguida por la jueza de Catarroja, aplaudida en sus primeras decisiones por la diligencia y la determinación mostradas –también aquí en una columna–, pero cuestionada cada vez más por los abogados de las acusaciones personadas en el caso. Cuestionan, sobre todo, determinadas conclusiones rotundas expresadas por la instructora en sus escritos cuando todavía está recabando informes y solo ha tomado declaración a las víctimas.
- Foto: ROBER SOLSONA/EP
Por ejemplo, su empeño en atribuir la exclusiva responsabilidad de lo ocurrido a la Administración autonómica con la reiterada exculpación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, señalado por la Generalitat y por varias acusaciones, a quien no ha llamado ni como testigo para que explique, por ejemplo, si además de enviar los datos de caudal del barranco del Poyo por los conductos habituales como cualquier otro día, no pensó el 29 de octubre por la tarde que su deber era alertar verbalmente a quienes en el Cecopi no eran conscientes del peligro que representaban esos datos para los habitantes de los pueblos por donde pasa el barranco; o qué hizo y a quién llamó en la hora en que estuvo desconectado del Cecopi, y qué dijo, si es que dijo algo, cuando volvió a conectarse a las 19.05h y vio que la única preocupación en el centro de coordinación era la presa de Forata y no el barranco del Poyo.
La jueza ha concluido que Polo cumplió con sus obligaciones y que había “sobrada” información a disposición de la Generalitat pero que no se manejó bien. Ciertamente, por parte de la Aemet, señalada también por el Consell, ha quedado acreditado que avisó por tierra, mar y aire, y sirva como muestra este tuit del 29 de octubre a las 11.44 h.
Tras esa conclusión, la instructora parece convencida de que quien no manejó bien la información y no tomó las decisiones correctas fue exclusivamente el Gobierno autonómico porque ostenta el mando del Cecopi, del que forman parte 29 personas que saben mucho de Emergencias y a los que aún no ha tomado declaración.
- Mensaje de Aemet a las 11.44 h. del 29 de octubre. Fuente: X
Además, considera “extraño que se pretenda descargar en los técnicos el contenido del mensaje” de Es-alert enviado a las 20.11h, mensaje que ya calificó en otro auto de “tardío y erróneo”. Y uno quiere pensar que el mensaje no lo redactó en solitario Salomé Pradas –exconsellera que dirigía el Cecopi y ha sido citada como imputada–, ni el ex secretario autonómico Emilio Argüeso –único integrante del Cecopi citado como imputado además de Pradas–, ni Mazón –al que no puede imputar por ser aforado, pero ha señalado ofreciéndole ir a declarar asistido por un abogado–, sino que alguno de los otros integrantes del Cecopi, sobre todo los uniformados que están allí porque son especialistas en Emergencias, tendría algo que ver.
Atribuir la responsabilidad penal exclusivamente a los altos cargos de la Generalitat puede llevar a una instrucción politizada –no olvidemos que entre las acusaciones populares hay partidos políticos– cuyo resultado acabe decepcionando a las víctimas. La jueza apunta alto, pero no sería la primera vez que una instrucción queda en nada por querer cobrarse solo la pieza mayor. Por ejemplo, algunas de las que afectaron a Francisco Camps dirigidas por el ex fiscal anticorrupción Vicente Torres. Porque la responsabilidad política está muy clara pero la penal hay que probarla.
Hablando de fiscales, cabe destacar la poca presencia de la Fiscalía en los autos de la jueza de Catarroja. El Ministerio Fiscal asignó a cinco profesionales a trabajar en el caso, pero, a diferencia de otros procesos complejos, no están teniendo protagonismo y es la instructora la que tira para delante sin esperar los escritos de la Fiscalía. Puede que eso explique la rapidez a la que avanza la investigación. Eso, y que la instructora, con buen criterio, haya rechazado la petición, precisamente de la Fiscalía, de un informe de la UCO de esos que tardan meses o años. Si hay que interrogar a alguien, ya lo hace ella, no le hace falta una instrucción policial paralela.
- Foto: DIEGO RADAMÉS/EP
Otrosí: El 10 de marzo la jueza elevó la cifra de muertos por la Dana en Valencia a 225, además de los tres desaparecidos. Según el TSJCV, la última víctima es una mujer que “padecía leucemia, requería transfusiones periódicas de sangre y asistencia respiratoria con oxígeno y, después de quedar sin esa asistencia, falleció en el Hospital de La Fe el 12 de noviembre”.
La decisión abre varios interrogantes: ¿Ha preguntado a la Conselleria de Sanidad antes de llegar a esa conclusión? ¿Cuánto tiempo quedó esta persona sin asistencia después de la Dana y quién es responsable de que no la recibiera? ¿Significa eso que la jueza sí va a indagar sobre la tardía ayuda oficial los días posteriores al 29 de octubre, que en uno de sus primeros autos dejó expresamente fuera de la investigación por no haber, según ella, “nexo causal” con las muertes?
Sí la memoria no me falla, la jueza deslindó la responsabilidad penal por las muertes de la Dana, que serían de la administración automática por ser responsables del servicio de emergencias, de la que pudiera derivarse de los daños materiales o la falta de ayuda los primeros días, que irían por la vía contencioso administrativa y en la que podría haber responsabilidades también en la administración central, además de la autonómica.
Yo creo que lo fundamenta bien; si prácticamente la totalidad de las muertes se produjeron entre las cinco y media y las seis y media de la tarde, simplemente no se puede responsabilizar a la falta de medios, porque no se había activado ninguna alarma.
En cuanto a la CHJ, si los avisos se produjeron como está especificado que se haga, no se les puede imputar nada legalmente. Otra cosa es que, en una situación así, uno consideraría lógico reforzar la información con llamadas telefónicas o con mail personalizados.
Pero si se atienen al protocolo, no hay ningún fallo ni ninguna falta de información.
En lo que se refiere a la responsabilidad política, pues cada uno tendrá su opinión, pero para mí claramente hay un responsable, Mazon.
Tres días sin aparecer .-
El Ejercito
La Ume
La Cruz Roja
La Guardia Civil
La Policia Nacional
Una Aemet que va a negro por ordenes
Unos barrancos sin limpiar
Abren presas sin avisar
De todo esto es responsable PEDRO SANCHEZ.
Pero al tonto que hay que quemar en las Fallas es Mazón. Lo dicen las Talibanas.
El Ejercito
La Ume
La Cruz Roja
La Guardia Civil
La Policia Nacional
Una Aemet que va a negro por ordenes
Unos barrancos sin limpiar
Abren presas sin avisar
De todo esto es responsable PEDRO SANCHEZ.
Pero al tonto que hay que quemar en las Fallas es Mazón. Lo dicen las Talibanas.
A quien se parte, esto también debe resultarle muy gracioso, ¿no?
Porque viene a decir lo mismo.
En fin...
Última edición:
No me refería a los daños materiales, sino a la responsabilidad por las muertes. No tiene mucho sentido que no se investigue la actuación del personal de emergencias. Que se dirija la investigación contra la consellera y el DGeneral y no contra los técnicos que son quienes analizan la información y proponen las soluciones, aunque la decisión sea de un político, los técnicos están ahí para algo. Y más cuando el propio jefe de emergencias José Miguel Basset, ha reconocido que desde por la mañana ya iban como pollo sin cabeza y la situación se les había apoderado.
Por otra parte, es difícil sostener que quien no dio un aviso el día 29 de octubre fue responsable de la muerte varios días después de una mujer que murió por falta de tratamiento para su cáncer. No tiene mucho sentido, salvo que se encuentre responsabilidad penal en el abandono posterior al día 29 de octubre. Pero si lo determinante de la muertes fue la falta de aviso, no se investiga el abandono posterior.
En cuanto a la falta de información de la Ch Júcar, yo no digo que pueda ser suficiente tener a disposición los datos, pero se supone que es algo que se tiene que investigar y directamente se ha cerrado esa posibilidad. Si esa información era suficiente o no, debería decidirse en una fase más avanzada, con más datos o incluso en la fase de juicio.
Y claro, Mazón es responsable políticamente, sea o no imputado,pero tanto se está centrando la información en la causa penal, se está explotando políticamente tanto esa causa por la oposición que, si no es imputado , se va a quedar tranquilamente en su puesto.
Última edición:
Bueno, en esto último que dices estoy completamente de acuerdo.
En cuanto a lo que comentas de los técnicos de emergencias, entiendo que la jueza va a quien directamente dio (o mejor, dejó de dar) la orden de que se emitiera la alerta, que era competencia directa de la ex consejera y, como responsable de ésta, del presidente.
Quiero decir, que los técnicos pueden aconsejar esto o aquello, pero la responsabilidad final es de quien los dirige.
Por otro lado, supongo que si le achaca el fallecimiento de la chica enferma es porque ha comprobado que había una imposibilidad real de llegar hasta ella para proceder a su traslado.
No recuerdo si se ha citado su lugar de residencia, pero hubo localidades donde fue materialmente imposible, no solo acceder a ellas, sino que también fallaron durante días las redes de telefonía tanto móvil como fija e internet.
Entiendo que se referirá a un caso así, porque en otro caso, efectivamente, no tendría sentido.
La CHJ y la AEMET aportaron al juzgado copia de todos los avisos emitidos a lo largo del día 29 de Octubre. Supongo que por eso la jueza ha cerrado esa vía.
Yo veo que hay decisiones precipitadas y llega a conclusiones en un momento inicial sin explicar por qué y sin investigar. Pero bueno, si es necesario la audiencia le obligará a investigar más porque todo se ha recurrido.