Se te han vuelto a caer estos cachos del propio artículo que pones (te pongo lo importante en colorines que sé que te gusta):
Es absolutamente necesario confiar en el Poder Judicial –y así lo hace en general la ciudadanía–, integrado actualmente por jueces y magistrados altamente cualificados, pues los procesos de selección son muy rigurosos, y aunque no cabe duda que siempre cabe la posibilidad de que se produzcan extralimitaciones, con aplicación errónea del Derecho, bien por la propia falibilidad humana, bien por un posible abuso judicial, algo muy excepcional en nuestra realidad, el sistema jurídico prevé herramientas suficientes como respuesta a esas extralimitaciones, como un razonable sistema de recursos procesales, que permiten la revisión de las decisiones, como ha ocurrido en el caso al que se refieren estas líneas, en el que hubo una sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial, y a través del recurso de apelación resuelto por el Tribunal Superior de Justicia se ha adoptado una decisión diferente, tras la revisión llevada a cabo, con absolución del condenado en la instancia. Incluso, esta sentencia podrá ser revisada en casación por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y en casos de abuso de poder por parte del juez está la vía disciplinaria, e incluso la vía penal.
Este es el funcionamiento normal del proceso penal, y los jueces y magistrados que se desempeñan en sus tareas jurisdiccionales, se trate del juez de una pequeña ciudad, o de un magistrado del Tribunal Supremo, actúan como un poder del Estado, luego deben contar con todo su apoyo, en especial de quienes ostentan altas responsabilidades institucionales, y desde luego el Consejo General del Poder Judicial debería haber mayores esfuerzos para salvaguardar esa necesaria independencia judicial, saliendo en defensa de aquellos jueces y magistrados que, limitándose al ejercicio de su función jurisdiccional, son atacados, sin embargo, duramente, por el mero hecho de no compartirse sus decisiones.
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