La Dana - Valencia.


Marta Gozalbo
Valencia
Publicada13 enero 202518:37h
Actualizada13 enero 202520:06h


La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha revelado este lunes que el Gobierno central todavía no ha solicitado a Europa el Fondo de Solidaridad para hacer frente a los estragos provocados por la DANA dos meses y medio después de que se produjera la catástrofe que dejó a su paso 224 muertos y tres desaparecidos.
La primera edil ha viajado a Bruselas junto a la concejal de Innovación, Paula Llobet, para mantener un encuentro con el Comisario Europeo de Clima, Wopke Hoekstra; la Vicepresidenta de la Comisión, Henna De Virkkunen; y el Vicepresidente de la Comisión de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto.

A raíz de este encuentro, la alcaldesa ha desvelado que los comisarios le habían trasladado "que España aún no ha solicitado oficialmente el Fondo de Solidaridad", por lo que la primera edil ha reclamado al Gobierno que lo haga con urgencia.
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El plan de Gan Pampols para reconstruir Valencia: exigirá objetivos a cada área y se podrá seguir online en tiempo real
"Exigimos que lo soliciten cuanto antes porque el plazo termina el 21 de enero y ya hemos perdido un tiempo básico e importantísimo para obtener estos fondos que ayuden a la reconstrucción, a las familias y a los municipios" ha informado la alcaldesa.

Horas después de denunciarlo, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que el Ejecutivo "claro que va a pedir ese fondo", de la misma manera que reclamará "todos los demás en los que llevamos trabajando desde el primer día".
"Al día siguiente de la dana, Pedro Sánchez habló con la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, y acordó que se mejoraran los fondos de solidaridad, que pasaran de 1.124 a 1.500 millones de euros", ha añadido Bernabé.
"También le pidió que se crearan nuevas líneas ligadas a los fondos de cohesión con una adenda de 3.000 millones de euros para regiones afectadas por catástrofes naturales, y otra línea para territorios rurales afectados en el ámbito de la reconstrucción. Esos fondos vienen trabajándose y mejorándose con el compromiso del Gobierno de España", ha concluido la delegada.

María José Catalá y Paula Llobet en su viaje institucional a Bruselas este lunes. EE

María José Catalá y Paula Llobet en su viaje institucional a Bruselas este lunes. EE

Sánchez anunció en noviembre haberlo solicitado "formalmente"​

Conviene recordar que el pasado 5 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que había solicitado el citado fondo "formalmente".
"Hemos solicitado ya formalmente a la Comisión Europea la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad", indicó el jefe del Ejecutivo. Lo hizo después de validar un paquete de medidas por un monto total de 10.600 millones de euros.
"Como sabe Europa, España siempre ha sido un país constructivo que ha ayudado a la Unión Europea cuando ha hecho falta. Y ahora, lógicamente, es el momento de que la Unión Europea nos ayude a nosotros", defendió Sánchez.
El Fondo Europeo de Solidaridad cuenta con una partida de hasta 1.144 millones de euros anuales a la que se puede recurrir en casos de catástrofes naturales como la provocada por la dana en Valencia, pero cuyo desembolso no es inmediato, sino que puede demorarse algunos meses. Según Bernabé, ahora se habría negociado que fuera de 1.500 millones.
Para acceder al dinero, las autoridades nacionales del Estado miembro afectado deben presentar una solicitud en un plazo de 12 semanas a partir de la fecha de los primeros daños causados por la catástrofe.
Después de ello, la Comisión Europea es la que debe evaluar la solicitud, aceptarla y proponer un importe de ayuda al Parlamento Europeo y al Consejo, que deben aprobarlo.
El importe de las ayudas se determina en función de los daños directos totales causados en relación al PIB del país o región afectada y, una vez adoptada, esta debe utilizarse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha en que la Comisión desembolse el importe total.
Una vez abonada la ayuda, el Estado afectado es responsable de su ejecución, incluida la selección de las operaciones y su auditoría y control aunque las medidas de emergencia pueden financiarse con carácter retroactivo desde el primer día de la catástrofe.

"El Gobierno debe hacer sus deberes"​

"Vimos al Gobierno muy pasivo con esta vía y por eso el presidente Mazón instó al Gobierno a que lo hiciera. Es muy preocupante que no lo haya hecho porque es la vía más rápida. Necesitamos que el gobierno se alinee con la reconstrucción", ha manifestado la alcaldesa de Valencia.

Asimismo, también ha criticado "la absoluta falta de información y transparencia por parte del Gobierno de Sánchez sobre los fondos postdana. Es necesario que la voz municipal se tenga en cuenta a la hora de aprobar, programar y asignar los fondos europeos. Somos quienes sabemos cuáles son las necesidades de nuestras ciudades", ha concluido.



María José Catalá ha solicitado la reasignación de fondos que España aún no tiene distribuidos para dirigirlos a la postdana: "La Dana fue una emergencia nacional y necesitamos que el Gobierno se alinee en la reconstrucción. Europa debe actuar, pero el Gobierno debe hacer sus deberes".
 

El ingeniero que iba a encauzar el barranco del Poyo: "La obra estaba aprobada, pero el Gobierno nunca puso los 240M"​



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Dani Valero
Valencia
Publicada13 enero 202503:18h
Actualizada13 enero 202507:17h


Cuando Javier Machi se reunió con el general Francisco José Gan Pampols, el vicepresidente nombrado para reconstruir Valencia tras la DANA, este último exhibió un importante documento. Es el mismo que a Machi le quita el sueño desde el pasado 29 de octubre.
"Me quedé sorprendido, porque tenía mi proyecto, el proyecto nuestro, del año 2010, lo tenía encima de la mesa", relata a EL ESPAÑOL.

Se refiere al plan para el encauzamiento del fatídico barranco del Poyo, cuyo desbordamiento provocó el grueso de las 224 muertes y 3 desapariciones en la provincia.
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El ingeniero que sacó los colores al Gobierno: "El Ministerio fue culpable de la riada por ejecutar sólo infraestructuras verdes"
Aquel proyecto lo elaboró la firma de ingeniería civil Typsa, de la que Machi era entonces director. En la actualidad, ya jubilado, Machi es el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana.

Nos recibe en su despacho para reflexionar sobre lo ocurrido. Confiesa que se siente "frustrado, como todos los ingenieros". "No hace falta haber trabajado en Typsa para sentir esa frustración", subraya.
—¿Cuánto costaba realizar ese proyecto?
—La obra estaba aprobada. Lo teníamos ganado por 240 millones de euros. Ahí entraban las siete obras que teníamos previstas para la rambla del Poyo y su entorno. Pero el Gobierno nunca puso el dinero.
—¿Esa actuación habría evitado las inundaciones?
—El agua sí habría rebosado con los 3.500 metros cúbicos por segundo que se calculan que llegó a llevar el barranco. Pero apenas habría tenido impacto en los núcleos urbanos. Habría inundado, sobre todo, zonas rurales.
—¿Habría salvado vidas?
—Desde luego. Habría sido una inundación mucho menor, con menor velocidad del agua y menor impacto en las zonas urbanas.
El cielo descargó como nunca el 29 de octubre de 2024. Pudo hacerlo sobre una cuenca preparada para absorber y canalizar el agua. Pero lo hizo sobre un terreno que carecía de la infraestructura hidráulica que habían ideado los expertos para evitar grandes inundaciones.
"Se aprobó en 2010 y logró la declaración de impacto ambiental positiva, pero se quedó pendiente de hacer", lamenta Machi. Tanto el Gobierno de Mariano Rajoy, que lidiaba aquellos años con la crisis económica del crack inmobiliario de 2008, como el de Pedro Sánchez a partir de 2018, orillaron el proyecto.
Machi subraya que la responsabilidad de esta inacción presupuestaria es política, y rompe una lanza a favor de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

"El competente"​

"El que es competente, el que tiene la potestad de poder organizar, gestionar los recursos económicos de las confederaciones hidrográficas y de las grandes obras de actuación, es el ministerio, que va cambiando de nombre. Ahora es el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco)", subraya.
Según recuerda, "era la Confederación Hidrográfica de Júcar la que había incluso impulsado este trabajo y llevaba desde el año 81 analizando y estudiando estas posibilidades, porque habíamos tenido varios episodios de inundaciones".
"El último fue en el año 2000, con una inundación importante también aquí en la rambla del Poyo. Eso activó todavía más el proceso. Pero distintas circunstancias hicieron que esto se fuera retrasando, entre unas cosas y otras", rememora.
Javier Machi, durante la charla con EL ESPAÑOL.

Javier Machi, durante la charla con EL ESPAÑOL. Vicent Bosch
—¿Puede enumerar las actuaciones que había previstas por los mencionados 240 millones de euros?
—Pues había reforestación en la cabecera. En la zona de Buñol y toda aquella área, había bastantes zonas de reforestación. También espacios para la retención de sólidos, tres en total, para impedir que el agua portara materiales sólidos y aumentara el peligro. Después teníamos varios puentes que había que hacer nuevos. Había que rehacer otros, y algunos había que quitarlos y ampliarlos.
Teníamos, como es obvio, que hacer toda la rambla del Poyo hasta más allá de Torrent. Había que hacer todo un corredor verde, mejorar lo que es la canalización actual para que no se saliera.
Y entre Picanya y Paiporta había prevista una salida hacia el río Turia, que es la que derivaba 700 metros cúbicos por segundo. Y luego estaba el barranco de la Saleta, que tiene encima el municipio de Aldaia y el agua pasa por donde puede.
Ahí hicimos varias alternativas: una pequeña derivación hacia el barranco del Poyo y, luego, una canalización por dentro de Aldaia.
Y después, en la zona de confluencia de la rambla del Poyo y el barranco del Gallego, todo eso era una zona de laminación natural, es decir, el agua se desbordaba e inundaba aquello y luego se volvía otra vez a su cauce.
En la zona entre Aldaia y la A7, ahí poníamos un área de laminación importante para reducir los caudales que llegan, que eran más de 200 metros cúbicos. También en la zona de la cabecera de Chiva y más abajo de Buñol.
En resumen, eran actuaciones importantes para materializar canalizaciones y corredores verdes, y luego otras que permitían reducir el nivel de materia en suspensión.
Javier Machi, en su despacho.

Javier Machi, en su despacho. Vicent Bosch
Según Machi, "tan solo algo se hizo". "Pero lo que es la consistencia, que son las derivaciones, pues no se llegaron a hacer", critica.

Un contratiempo añadido que sufrió el proyecto para encauzar el barranco del Poyo fue la Ley de la Huerta impulsada por la Generalitat Valenciana de Ximo Puig. Como informó este periódico, el texto autonómico chocaba con la actuación.
"Hubo una ley valenciana de protección de la Huerta para impedir que se hicieran", lamenta Machi, que considera "lamentable" esta circunstancia porque "se hubiera mitigado muchísimo la situación". "Además, es que estaba ya. El documento ya estaba", se lamenta.
 

El ingeniero que iba a encauzar el barranco del Poyo: "La obra estaba aprobada, pero el Gobierno nunca puso los 240M"​



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Dani Valero
Valencia
Publicada13 enero 202503:18h
Actualizada13 enero 202507:17h


Cuando Javier Machi se reunió con el general Francisco José Gan Pampols, el vicepresidente nombrado para reconstruir Valencia tras la DANA, este último exhibió un importante documento. Es el mismo que a Machi le quita el sueño desde el pasado 29 de octubre.
"Me quedé sorprendido, porque tenía mi proyecto, el proyecto nuestro, del año 2010, lo tenía encima de la mesa", relata a EL ESPAÑOL.

Se refiere al plan para el encauzamiento del fatídico barranco del Poyo, cuyo desbordamiento provocó el grueso de las 224 muertes y 3 desapariciones en la provincia.
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El ingeniero que sacó los colores al Gobierno: "El Ministerio fue culpable de la riada por ejecutar sólo infraestructuras verdes"
Aquel proyecto lo elaboró la firma de ingeniería civil Typsa, de la que Machi era entonces director. En la actualidad, ya jubilado, Machi es el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana.

Nos recibe en su despacho para reflexionar sobre lo ocurrido. Confiesa que se siente "frustrado, como todos los ingenieros". "No hace falta haber trabajado en Typsa para sentir esa frustración", subraya.
—¿Cuánto costaba realizar ese proyecto?
—La obra estaba aprobada. Lo teníamos ganado por 240 millones de euros. Ahí entraban las siete obras que teníamos previstas para la rambla del Poyo y su entorno. Pero el Gobierno nunca puso el dinero.
—¿Esa actuación habría evitado las inundaciones?
—El agua sí habría rebosado con los 3.500 metros cúbicos por segundo que se calculan que llegó a llevar el barranco. Pero apenas habría tenido impacto en los núcleos urbanos. Habría inundado, sobre todo, zonas rurales.
—¿Habría salvado vidas?
—Desde luego. Habría sido una inundación mucho menor, con menor velocidad del agua y menor impacto en las zonas urbanas.
El cielo descargó como nunca el 29 de octubre de 2024. Pudo hacerlo sobre una cuenca preparada para absorber y canalizar el agua. Pero lo hizo sobre un terreno que carecía de la infraestructura hidráulica que habían ideado los expertos para evitar grandes inundaciones.
"Se aprobó en 2010 y logró la declaración de impacto ambiental positiva, pero se quedó pendiente de hacer", lamenta Machi. Tanto el Gobierno de Mariano Rajoy, que lidiaba aquellos años con la crisis económica del crack inmobiliario de 2008, como el de Pedro Sánchez a partir de 2018, orillaron el proyecto.
Machi subraya que la responsabilidad de esta inacción presupuestaria es política, y rompe una lanza a favor de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

"El competente"​

"El que es competente, el que tiene la potestad de poder organizar, gestionar los recursos económicos de las confederaciones hidrográficas y de las grandes obras de actuación, es el ministerio, que va cambiando de nombre. Ahora es el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco)", subraya.
Según recuerda, "era la Confederación Hidrográfica de Júcar la que había incluso impulsado este trabajo y llevaba desde el año 81 analizando y estudiando estas posibilidades, porque habíamos tenido varios episodios de inundaciones".
"El último fue en el año 2000, con una inundación importante también aquí en la rambla del Poyo. Eso activó todavía más el proceso. Pero distintas circunstancias hicieron que esto se fuera retrasando, entre unas cosas y otras", rememora.
Javier Machi, durante la charla con EL ESPAÑOL.

Javier Machi, durante la charla con EL ESPAÑOL. Vicent Bosch
—¿Puede enumerar las actuaciones que había previstas por los mencionados 240 millones de euros?
—Pues había reforestación en la cabecera. En la zona de Buñol y toda aquella área, había bastantes zonas de reforestación. También espacios para la retención de sólidos, tres en total, para impedir que el agua portara materiales sólidos y aumentara el peligro. Después teníamos varios puentes que había que hacer nuevos. Había que rehacer otros, y algunos había que quitarlos y ampliarlos.
Teníamos, como es obvio, que hacer toda la rambla del Poyo hasta más allá de Torrent. Había que hacer todo un corredor verde, mejorar lo que es la canalización actual para que no se saliera.
Y entre Picanya y Paiporta había prevista una salida hacia el río Turia, que es la que derivaba 700 metros cúbicos por segundo. Y luego estaba el barranco de la Saleta, que tiene encima el municipio de Aldaia y el agua pasa por donde puede.
Ahí hicimos varias alternativas: una pequeña derivación hacia el barranco del Poyo y, luego, una canalización por dentro de Aldaia.
Y después, en la zona de confluencia de la rambla del Poyo y el barranco del Gallego, todo eso era una zona de laminación natural, es decir, el agua se desbordaba e inundaba aquello y luego se volvía otra vez a su cauce.
En la zona entre Aldaia y la A7, ahí poníamos un área de laminación importante para reducir los caudales que llegan, que eran más de 200 metros cúbicos. También en la zona de la cabecera de Chiva y más abajo de Buñol.
En resumen, eran actuaciones importantes para materializar canalizaciones y corredores verdes, y luego otras que permitían reducir el nivel de materia en suspensión.
Javier Machi, en su despacho.

Javier Machi, en su despacho. Vicent Bosch
Según Machi, "tan solo algo se hizo". "Pero lo que es la consistencia, que son las derivaciones, pues no se llegaron a hacer", critica.

Un contratiempo añadido que sufrió el proyecto para encauzar el barranco del Poyo fue la Ley de la Huerta impulsada por la Generalitat Valenciana de Ximo Puig. Como informó este periódico, el texto autonómico chocaba con la actuación.
"Hubo una ley valenciana de protección de la Huerta para impedir que se hicieran", lamenta Machi, que considera "lamentable" esta circunstancia porque "se hubiera mitigado muchísimo la situación". "Además, es que estaba ya. El documento ya estaba", se lamenta.
TODOS SON CULPABLES DE NO HABER EVITADO LO QUE HA OCURRIDO, DOS GOBIERNOS CENTRALES Y LA GENERALITAT- PP Y PSOE
Tanto el Gobierno de Mariano Rajoy, que lidiaba aquellos años con la crisis económica del crack inmobiliario de 2008, como el de Pedro Sánchez a partir de 2018, orillaron el proyecto.Un contratiempo añadido que sufrió el proyecto para encauzar el barranco del Poyo fue la Ley de la Huerta impulsada por la Generalitat Valenciana de Ximo Puig.
 



Está claro que cada uno explota por lo que le importa
Fito no explota por los responsables de liquidar la Unidad de Emergencias de Valencia , y sin embargo financiar los toros ?? Por ejemplo ? Si hubiera sido Ximo Puig el que la desmantela , a estas horas estaría declarando como imputado ……….Menudo cuento …….
 
Está claro que cada uno explota por lo que le importa
Fito no explota por los responsables de liquidar la Unidad de Emergencias de Valencia , y sin embargo financiar los toros ?? Por ejemplo ? Si hubiera sido Ximo Puig el que la desmantela , a estas horas estaría declarando como imputado ……….Menudo cuento …….
Todos han hecho cosas mal. Y las siguen haciendo...
 
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