La Dana - Valencia.
- AutorNancy Astor
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Gan Pampols: “Hace falta un pacto de Estado para la reconstrucción de lo que destruyó la dana”
Francisco José Gan Pampols es un hombre de fina inteligencia que expone los argumentos con claridad, sin ambages. Fue fichado por Carlos Mazón para dirigir la enorme
Francisco José Gan Pampols es un hombre de fina inteligencia que expone los argumentos con claridad, sin ambages. Fue fichado por Carlos Mazón para dirigir la enorme tarea de la reconstrucción de la dana. Teniente general retirado, conoce la importancia de la colaboración institucional que de momento no existe entre la Generalitat y el Gobierno. Y no elude exponer las enormes dificultades a los que se enfrenta la administración para recuperar la normalidad. La entrevista se hizo el miércoles pasado, justo tres meses después de la tragedia.
Usted advirtió que los afectados no podían esperar milagros. ¿Qué es lo que pueden esperar los afectados?
Pues pueden esperar que se mantenga el foco y el esfuerzo en resolver los problemas que tienen. Yo comprendo que cada uno entiende la realidad según le afecta. Hay personas que no ven la recuperación porque lo que ellos han padecido lo siguen padeciendo. Es decir, una persona que viven en una finca en la que el ascensor no funciona y tiene un problema de movilidad, pues es evidente que no está percibiendo una mejora. Pero sí que tiene que tener en cuenta que cuando mira hay cosas que ya no ve, no ve barro en la calle, ve que hay algunos comercios, pocos, que se van abriendo, de que se ha restituido la luz, que la movilidad ha vuelto, que las grandes superficies vuelven a abrir y que a pesar de que de que va lento, se percibe, va lento, más lento de lo deseado.
Se percibe que las ayudas llegan con distinto volumen e intensidad en función de la proximidad. La Generalitat, forzosamente, tiene que ser más ágil que la Administración General del Estado porque está más próxima y tiene más elementos sobre el terreno, y porque la Administración General del Estado es un poco más farragosa en el sentido de que tiene procedimientos un poco más complejos. Esto es algo que hay que entender pero que deberíamos de poder resolver. Por eso creo que sería muy afectivo una ventanilla única en la que independientemente de cuál sea la Administración que ofreciera una ayuda haya una única persona que le asesore sobre cuál es el proceso por el cual puede obtener todas esas ayudas que le corresponden.
Gan Pampols durante la entrevista analiza la situación en un mapa
Miguel Lorenzo
¿Están llegando todas?
Las ayudas están llegando. No estamos hablando de grandes cantidades. Pero ahora mismo mi prioridad, una vez garantizada, aunque sea con reparos, el nivel de seguridad física de los afectados, es conseguir que el tejido productivo elemental, es decir, los autónomos y las pequeñas empresas se recupere porque el periodo de latencia se está acabando, se agotan sus recursos. He hablado con el sector para activar un plan de viabilidad, para ayudarles económicamente, darles líneas de crédito para que puedan trabajar sobre ello y además insistir al sistema bancario para que haga un modelo de crédito, y esto es difícil. Pero mi obligación es hacerlo y decirlo cuantas veces sea necesario. Debemos facilitarles, a través de una acción directa, que puedan sostenerse y desarrollar su actividad.
Debemos aclarar primero que el garaje de una finca es un dominio privativo, la responsable en primera instancia de limpiarlo es de ellos. Pero desde el minuto uno nos dimos cuenta perfectamente de que era imposible, no iban a poder hacerlo ni con voluntarios. Había algunos que eran los de los de una sola planta que eran relativamente sencillos. Pero la complejidad empieza cuando no es en planta calle. Pero también les digo que con los últimos datos que tengo quedan por acometer 14 garajes y por terminar una treintena de alrededor de 900 censados. Es decir, que el grado de afección ha sido bestial y no ha habido, curiosamente, falta de mano de obra. Lo que ha habido es falta de capacidad para emplearla en espacios de especial dificultad. Hasta hemos diseñado sistemas para aspirar allí donde las máquinas no llegaban.
Usted explicó hace unas semanas que su trabajo tiene tres fases una de diagnóstico, una de post de emergencia y otra de implantación de un plan que está por diseñar. ¿En qué momento estamos ahora? ¿Tres meses después y cuándo se prevé que se den los siguientes pasos?
Estamos al final de la fase de diagnóstico en el sentido de que tenemos la mayoría de la copia de datos. Hay que hacer una interpretación científica, se la estamos pidiendo a los colegios profesionales de cada área, desde el sistema hidráulico, las comunicaciones terrestres, etcétera. Pero este no es un trabajo de compartimentos estancos, porque hay necesidades que no pueden esperar a que el plan esté completado. Por ejemplo, los autónomos no pueden esperar. Por eso hay áreas del plan que se deben poner en marcha y que luego valoraremos que hay que corregir o que hay que impulsar, alterar o disminuir, lo haremos. A la gente no podemos decirle “oiga sigan ustedes esperando que estamos estudiando lo que necesita”. Sabemos, grosso modo lo que necesitan, porque del acopio de datos sabemos quiénes son los afectados, cuál es el grado de afectación. Tenemos ya buenos informes como el del IVIE que nos dan pistas sobre las líneas de desarrollo que se pueden emplear.
Bueno, yo creo que en la emergencia no, porque aunque ha costado encajarlo todo, el proceso sí ha sido posible materializarlo porque paradójicamente en emergencia sí que existe un órgano de coordinación que es el Centro de Coordinación Operativo Integrado, CECOPI. donde están representados el Gobierno, la Generalitat Valenciana, la administración local y todos los cuerpos de seguridad del Estado. Ahí se hace una puesta en común de medios y se hace una asignación de medios a tareas y se prioriza. ¿Eso es coordinar, no? Pero eso no está pasando en recuperación. Si se dan cuenta, en recuperación las administraciones estamos actuando en paralelo. Les digo que para acometer una recuperación de la dimensión de la que estamos hablando es necesaria la creación de una comisión mixta, una unidad de esfuerzo, con una persona responsable de coordinar todos los recursos de todas las administraciones. Yo puedo asumir esa tarea, pero por la dimensión y la necesidad de recursos lo lógico es que la asuma la administración general del Estado.
Gan Pampols durante la entrevista
Miguel Lorenzo
Es necesaria una acción unitaria.
Pero es que nos tenemos que preguntar: ¿Ante una tragedia, cómo reacciona un Estado compuesto? Una cosa es el planeamiento centralizado y la ejecución descentralizada y otra es una miríada de planeamientos que no tienen sentido porque hay duplicidades, porque hay vacíos y porque hay ineficiencias. ¿Qué significa? Pues significa que yo esperaría tener un referente en la Administración General del Estado que me dijera nos vamos a sentar, te voy a decir que vamos a acometer y te voy a decir que esperamos que acometáis vosotros. ¿Con qué crédito contamos? Porque nosotros sabemos los créditos a medida que se aprueban planes. No está mal, pero después de una primera valoración lo que habría que hacer es decir, tenemos un montante de 17.000 millones de euros que dijo el IVIE. Vamos a poner el margen extra, vamos a poner lo que no se ha hecho de infraestructura hidráulica. ¿Cómo se financia? Pues no lo sé. Yo sé lo que no puede financiar la Comunidad Autónoma porque es de todos conocido. ¿Qué es el Estado? Somos todos, que es la Administración General del Estado, pues es el órgano administrativo que materializa las decisiones políticas de un gobierno. Cuando se produce una desgracia como ésta, necesariamente un Estado compuesto y complejo tiene que tener un fondo de solidaridad en el que no se mira ni quién ni qué, sino cuánto.
Pues mire, a mi como responsable de la reconstrucción me sorprende. Y esa sorpresa lleva aparejado el de la comprensión de la indignación de un ciudadano que lo padece. Esos son los términos, porque yo puedo estar sorprendido. Al fin y al cabo me han encargado que algo y cuando no lo puedo sacar adelante me incomoda. No es comprensible. Y yo no sé muy bien por qué. Esa probablemente esa sea una de las ineficiencias que habrá que normar de ahora en adelante, por lo que habremos aprendido en este tipo de catástrofes. ¿Dónde está el CECOPI de la recuperación? No existe. Por eso les preguntaba pues habrá que crearlo. ¿No? O sea, eh, alguien lo imagina que el Katrina o las inundaciones de Alemania o el terremoto en Italia lo tuviera que que uno lo tuviera que resolver el Trentino, lo otro lo tuviera que hacer Alta Baviera o Nueva Orleans. ¿Con qué? O sea, es una falacia pensar que ante una desgracia de semejante manera, una comunidad autónoma es autosuficiente Es innegable que para eso está el concepto Administración General del Estado, que es el esfuerzo de todos, enfocado de los sistemas de protección civil, a través de las Fuerzas Armadas, cuando se moviliza a través de la Unidad Militar de Emergencias.
Me preocupa muchísimo porque el malestar es una situación intermedia. El malestar lleva la indignación, la indignación acaba llevando a la polarización y la polarización acaba llevando a la toma de las peores decisiones posibles. Cuando lo que hay que tener es la mente fría, porque de lo contrario se genera desafección.
Habla usted con mucha contundencia
Es que yo tengo libertad de cátedra.
¿Cuesta entender por qué no se ha reunido todavía usted con el comisionado del Gobierno para la reconstrucción?
Pues no es porque no haya yo querido y no lo haya pedido.
A ver, yo conozco personalmente al comisionado, José María Ángel, del que tengo una gran opinión. Hablo regularmente con él, me comparte documentos, pero qué quieren que les diga, será el gran teatro del mundo, no lo sé. Lo que sí sé es la imagen que se transmite y la compartimos. Yo no tengo nadie por encima que me impida reunirme con el comisionado y de hecho lo he ofrecido en repetidas ocasiones. La última vez ayer en televisión lo exigí porque en teoría esa reunión se va a producir tangencialmente en un comité de expertos del Gobierno que se convoca a tres meses de la dana, lo que no deja de ser también extraño. Porque los expertos, para que lo sean realmente, tienen que nombrarse muy poco después de que ocurra tragedia porque necesitan un tiempo para valorar lo sucedido.
Gan Pampols posa frente al mapa de la provincia de València
Miguel Lorenzo
Usted acudirá.
Por supuesto. Pero lo normal sería proponer una comisión mixta que la presida él, yo no tengo ningún afán de protagonismo.
¿Igual que no se han reunido ustedes, que son homólogos, se puede comprender que no se hayan vuelto a reunir Sánchez y Mazón?
Les digo una cosa, cuando se produce una desgracia el deber de aproximación es del que tiene más poder. Cuando yo he tenido que negociar en el pasado, y me ha tocado negociar en esta vida en ambientes un poco extraños y con gente rara, el que ha dado el paso he sido yo, porque era el que tenía más capacidad para hacer cosas, más recursos y más poder.
Sí, claro que sí. Hubo un decreto ley que ahora mismo está en trámite de Cortes, pero hay que tomar decisiones sobre qué no se va a reconstruir y garantizar qué se puede reconstruir donde se ha destruido. Habría que tener ya un plan en marcha de infraestructuras hidráulicas que garanticen una minimización en caso de futuras precipitaciones, saber cuál es el límite que se da y cuáles son las obras y esto no está previsto a corto plazo. Que se determinase en un Plan Hidrológico Nacional la parte que le toca a la Comunidad Valenciana, no solo lo que vemos ahora, que es el Poyo, la Saleta, el Pozalet, porque ¿y el Carraixet? ¿Qué pasa con l'Horta Nord? ¿Y la Vega Baja? Tiene que haber un compromiso firme y un inicio de acciones para minimizar el riesgo y que se materialice porque el dinero, que es muy cobarde, si no hay una cierta seguridad para invertir en zonas donde hay unas posibilidades de inversión inmensas, se irá a otro sitio.
¿Contemplan crear barriadas nuevas, como ocurrió en la Valencia de los sesenta tras la riada del 57?
Sí, tiene que haber suelo disponible para varias cosas: para colegios, porque los hay que va a haber que reconstruirlos en otras zonas; tiene que haber para vivienda social que la Vicepresidencia primera lo está estudiando. ¿Por qué necesitamos esa coordinación con la Administración General del Estado? Porque el SEPES tiene 25 millones para facilitar esa construcción. ¿Dónde lo va a hacer? No lo sé. ¿No tendríamos que ponernos de acuerdo? De la misma manera que cuando luego llegue una ayuda para polígonos, tendremos que ponernos de acuerdo. Y también habrá que hacerlo en los pueblos: recrecer los laterales de los barrancos, hacer unas líneas de protección, hacer motas para los campos. Pero ahora mismo no se contempla nada. La Confederación Hidrográfica del Júcar tiene previstos 220 millones de euros en obras, pero no va a hacer nada más que reponer lo que ya existía. Las primeras condiciones objetivas de cambio singular y limitado son las que tiene previstas el año que viene, que son las de conectar el Pozalet y la Saleta al nuevo cauce del Túria.
Ya está hecha. Hay ocho obras de infraestructura hidráulica planeadas desde el 2010 por el actual decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, que era el jefe de una empresa que se llama Tipsa, que había contratado la Confederación Hidrográfica del Júcar y que tenía que realizar esas obras que eran las que hubieran minimizado, no eliminado, el riesgo que se ha padecido. Y no se han hecho porque desde la crisis económica hasta ahora, la inversión general en España en infraestructuras hidráulicas se ha reducido un 75% y ha afectado a todos. Consulten el grado de ejecución de la inversión en la Vega Baja tras la dana, es cero. Si hay un pacto de Estado de verdad es este, donde hay que fajarse y decir 'se acabó' es aquí. La falacia es decir que el período de retorno son 500 años, porque si no hubiera existido el Plan Sur, València se hubiera inundado hasta las trancas porque llovió tanto o más que en el 57. Por eso en fenómenos adversos con potencial destructivo crecientes yo no me atrevería a hablar de tal periodo de retorno porque quiere decir que la probabilidad que en un año se produzca ese fenómeno es el 0,2%, lo que no significa ni que no se produzcan dos el mismo año, ni dos en el mismo estado. Esa es la inquietud que me describían. Pero es que en una comparecencia en el Senado se desechó la ejecución de este plan de minimización de daños porque se estimó que el daño emergente, en caso de producirse, sería de unos 340 millones de euros. Ahora habría que llamar al que hizo aquella cifra y preguntarle.
Gan Pampols durante la entrevista
Miguel Lorenzo
Vicepresidente, ¿cuánto va a costar la recuperación?
No menos de lo que estimó el IVIE en su momento, 17.200 millones de euros. Y ya no estamos hablando de impermeabilizar la A-7, ni de impermeabilizar las vías del AVE para dar capacidad de paso y evitar lo que ocurrió en Sedaví, que se inundó de ida y se inundó de vuelta. Es para dejarlo como estaba.
Yo no estoy satisfecho porque me gustaría que el ritmo fuera otro, pero es un problema de insatisfacción personal. Y en cuanto al modelo de relación, yo estudié políticas porque creo en la política con “P” mayúscula. La política que es el arte de lo posible, el de buscar las líneas de aproximación que pueden conseguir que el acuerdo se materialice, el arte de saber ceder hasta donde se puede ceder y exigir, hasta donde se puede exigir. Así que solo ofende el que puede, no el que quiere. Me incomoda porque no estoy acostumbrado a que me traten así, pero entiendo que es una política con “P” minúscula.
Usted advirtió que los afectados no podían esperar milagros. ¿Qué es lo que pueden esperar los afectados?
Pues pueden esperar que se mantenga el foco y el esfuerzo en resolver los problemas que tienen. Yo comprendo que cada uno entiende la realidad según le afecta. Hay personas que no ven la recuperación porque lo que ellos han padecido lo siguen padeciendo. Es decir, una persona que viven en una finca en la que el ascensor no funciona y tiene un problema de movilidad, pues es evidente que no está percibiendo una mejora. Pero sí que tiene que tener en cuenta que cuando mira hay cosas que ya no ve, no ve barro en la calle, ve que hay algunos comercios, pocos, que se van abriendo, de que se ha restituido la luz, que la movilidad ha vuelto, que las grandes superficies vuelven a abrir y que a pesar de que de que va lento, se percibe, va lento, más lento de lo deseado.
¿También van lentas las ayudas?
Se percibe que las ayudas llegan con distinto volumen e intensidad en función de la proximidad. La Generalitat, forzosamente, tiene que ser más ágil que la Administración General del Estado porque está más próxima y tiene más elementos sobre el terreno, y porque la Administración General del Estado es un poco más farragosa en el sentido de que tiene procedimientos un poco más complejos. Esto es algo que hay que entender pero que deberíamos de poder resolver. Por eso creo que sería muy afectivo una ventanilla única en la que independientemente de cuál sea la Administración que ofreciera una ayuda haya una única persona que le asesore sobre cuál es el proceso por el cual puede obtener todas esas ayudas que le corresponden.
Gan Pampols durante la entrevista analiza la situación en un mapa
Miguel Lorenzo
¿Están llegando todas?
Las ayudas están llegando. No estamos hablando de grandes cantidades. Pero ahora mismo mi prioridad, una vez garantizada, aunque sea con reparos, el nivel de seguridad física de los afectados, es conseguir que el tejido productivo elemental, es decir, los autónomos y las pequeñas empresas se recupere porque el periodo de latencia se está acabando, se agotan sus recursos. He hablado con el sector para activar un plan de viabilidad, para ayudarles económicamente, darles líneas de crédito para que puedan trabajar sobre ello y además insistir al sistema bancario para que haga un modelo de crédito, y esto es difícil. Pero mi obligación es hacerlo y decirlo cuantas veces sea necesario. Debemos facilitarles, a través de una acción directa, que puedan sostenerse y desarrollar su actividad.
28 municipios siguen en situación de emergencia 2, son más de 300.000 personas. Hemos podido verificar que aún se sigue limpiando garajes. ¿Cómo es posible que sea tan lento?
Debemos aclarar primero que el garaje de una finca es un dominio privativo, la responsable en primera instancia de limpiarlo es de ellos. Pero desde el minuto uno nos dimos cuenta perfectamente de que era imposible, no iban a poder hacerlo ni con voluntarios. Había algunos que eran los de los de una sola planta que eran relativamente sencillos. Pero la complejidad empieza cuando no es en planta calle. Pero también les digo que con los últimos datos que tengo quedan por acometer 14 garajes y por terminar una treintena de alrededor de 900 censados. Es decir, que el grado de afección ha sido bestial y no ha habido, curiosamente, falta de mano de obra. Lo que ha habido es falta de capacidad para emplearla en espacios de especial dificultad. Hasta hemos diseñado sistemas para aspirar allí donde las máquinas no llegaban.
Usted explicó hace unas semanas que su trabajo tiene tres fases una de diagnóstico, una de post de emergencia y otra de implantación de un plan que está por diseñar. ¿En qué momento estamos ahora? ¿Tres meses después y cuándo se prevé que se den los siguientes pasos?
Estamos al final de la fase de diagnóstico en el sentido de que tenemos la mayoría de la copia de datos. Hay que hacer una interpretación científica, se la estamos pidiendo a los colegios profesionales de cada área, desde el sistema hidráulico, las comunicaciones terrestres, etcétera. Pero este no es un trabajo de compartimentos estancos, porque hay necesidades que no pueden esperar a que el plan esté completado. Por ejemplo, los autónomos no pueden esperar. Por eso hay áreas del plan que se deben poner en marcha y que luego valoraremos que hay que corregir o que hay que impulsar, alterar o disminuir, lo haremos. A la gente no podemos decirle “oiga sigan ustedes esperando que estamos estudiando lo que necesita”. Sabemos, grosso modo lo que necesitan, porque del acopio de datos sabemos quiénes son los afectados, cuál es el grado de afectación. Tenemos ya buenos informes como el del IVIE que nos dan pistas sobre las líneas de desarrollo que se pueden emplear.
Mucha gente se pregunta en las zonas afectadas si esta falta de cooperación institucional que se visualiza no está ralentizando la labor tanto de emergencia como de recuperación.
Bueno, yo creo que en la emergencia no, porque aunque ha costado encajarlo todo, el proceso sí ha sido posible materializarlo porque paradójicamente en emergencia sí que existe un órgano de coordinación que es el Centro de Coordinación Operativo Integrado, CECOPI. donde están representados el Gobierno, la Generalitat Valenciana, la administración local y todos los cuerpos de seguridad del Estado. Ahí se hace una puesta en común de medios y se hace una asignación de medios a tareas y se prioriza. ¿Eso es coordinar, no? Pero eso no está pasando en recuperación. Si se dan cuenta, en recuperación las administraciones estamos actuando en paralelo. Les digo que para acometer una recuperación de la dimensión de la que estamos hablando es necesaria la creación de una comisión mixta, una unidad de esfuerzo, con una persona responsable de coordinar todos los recursos de todas las administraciones. Yo puedo asumir esa tarea, pero por la dimensión y la necesidad de recursos lo lógico es que la asuma la administración general del Estado.
Gan Pampols durante la entrevista
Miguel Lorenzo
Es necesaria una acción unitaria.
Pero es que nos tenemos que preguntar: ¿Ante una tragedia, cómo reacciona un Estado compuesto? Una cosa es el planeamiento centralizado y la ejecución descentralizada y otra es una miríada de planeamientos que no tienen sentido porque hay duplicidades, porque hay vacíos y porque hay ineficiencias. ¿Qué significa? Pues significa que yo esperaría tener un referente en la Administración General del Estado que me dijera nos vamos a sentar, te voy a decir que vamos a acometer y te voy a decir que esperamos que acometáis vosotros. ¿Con qué crédito contamos? Porque nosotros sabemos los créditos a medida que se aprueban planes. No está mal, pero después de una primera valoración lo que habría que hacer es decir, tenemos un montante de 17.000 millones de euros que dijo el IVIE. Vamos a poner el margen extra, vamos a poner lo que no se ha hecho de infraestructura hidráulica. ¿Cómo se financia? Pues no lo sé. Yo sé lo que no puede financiar la Comunidad Autónoma porque es de todos conocido. ¿Qué es el Estado? Somos todos, que es la Administración General del Estado, pues es el órgano administrativo que materializa las decisiones políticas de un gobierno. Cuando se produce una desgracia como ésta, necesariamente un Estado compuesto y complejo tiene que tener un fondo de solidaridad en el que no se mira ni quién ni qué, sino cuánto.
Sorprendente que 90 días después no exista una comisión mixta, Estado, Gobierno valenciano o incluso que podían participar los ayuntamientos que están implicados.
Pues mire, a mi como responsable de la reconstrucción me sorprende. Y esa sorpresa lleva aparejado el de la comprensión de la indignación de un ciudadano que lo padece. Esos son los términos, porque yo puedo estar sorprendido. Al fin y al cabo me han encargado que algo y cuando no lo puedo sacar adelante me incomoda. No es comprensible. Y yo no sé muy bien por qué. Esa probablemente esa sea una de las ineficiencias que habrá que normar de ahora en adelante, por lo que habremos aprendido en este tipo de catástrofes. ¿Dónde está el CECOPI de la recuperación? No existe. Por eso les preguntaba pues habrá que crearlo. ¿No? O sea, eh, alguien lo imagina que el Katrina o las inundaciones de Alemania o el terremoto en Italia lo tuviera que que uno lo tuviera que resolver el Trentino, lo otro lo tuviera que hacer Alta Baviera o Nueva Orleans. ¿Con qué? O sea, es una falacia pensar que ante una desgracia de semejante manera, una comunidad autónoma es autosuficiente Es innegable que para eso está el concepto Administración General del Estado, que es el esfuerzo de todos, enfocado de los sistemas de protección civil, a través de las Fuerzas Armadas, cuando se moviliza a través de la Unidad Militar de Emergencias.
¿No le parece que esto al final lo que hace es deslegitimar a las propias instituciones y generar un peligroso malestar?
Me preocupa muchísimo porque el malestar es una situación intermedia. El malestar lleva la indignación, la indignación acaba llevando a la polarización y la polarización acaba llevando a la toma de las peores decisiones posibles. Cuando lo que hay que tener es la mente fría, porque de lo contrario se genera desafección.
Habla usted con mucha contundencia
Es que yo tengo libertad de cátedra.
¿Cuesta entender por qué no se ha reunido todavía usted con el comisionado del Gobierno para la reconstrucción?
Pues no es porque no haya yo querido y no lo haya pedido.
¿Y le han dado el “no” por respuesta, le han dado largas?
A ver, yo conozco personalmente al comisionado, José María Ángel, del que tengo una gran opinión. Hablo regularmente con él, me comparte documentos, pero qué quieren que les diga, será el gran teatro del mundo, no lo sé. Lo que sí sé es la imagen que se transmite y la compartimos. Yo no tengo nadie por encima que me impida reunirme con el comisionado y de hecho lo he ofrecido en repetidas ocasiones. La última vez ayer en televisión lo exigí porque en teoría esa reunión se va a producir tangencialmente en un comité de expertos del Gobierno que se convoca a tres meses de la dana, lo que no deja de ser también extraño. Porque los expertos, para que lo sean realmente, tienen que nombrarse muy poco después de que ocurra tragedia porque necesitan un tiempo para valorar lo sucedido.
Gan Pampols posa frente al mapa de la provincia de València
Miguel Lorenzo
Usted acudirá.
Por supuesto. Pero lo normal sería proponer una comisión mixta que la presida él, yo no tengo ningún afán de protagonismo.
¿Igual que no se han reunido ustedes, que son homólogos, se puede comprender que no se hayan vuelto a reunir Sánchez y Mazón?
Les digo una cosa, cuando se produce una desgracia el deber de aproximación es del que tiene más poder. Cuando yo he tenido que negociar en el pasado, y me ha tocado negociar en esta vida en ambientes un poco extraños y con gente rara, el que ha dado el paso he sido yo, porque era el que tenía más capacidad para hacer cosas, más recursos y más poder.
Hay mucha gente, no solamente la que no puede volver a su casa sino la que está reconstruyéndola, que está asustada porque entiende que vive en zona peligrosa. ¿Tienen un plan a corto plazo? Habló de mover polígonos, ¿en viviendas se contempla?
Sí, claro que sí. Hubo un decreto ley que ahora mismo está en trámite de Cortes, pero hay que tomar decisiones sobre qué no se va a reconstruir y garantizar qué se puede reconstruir donde se ha destruido. Habría que tener ya un plan en marcha de infraestructuras hidráulicas que garanticen una minimización en caso de futuras precipitaciones, saber cuál es el límite que se da y cuáles son las obras y esto no está previsto a corto plazo. Que se determinase en un Plan Hidrológico Nacional la parte que le toca a la Comunidad Valenciana, no solo lo que vemos ahora, que es el Poyo, la Saleta, el Pozalet, porque ¿y el Carraixet? ¿Qué pasa con l'Horta Nord? ¿Y la Vega Baja? Tiene que haber un compromiso firme y un inicio de acciones para minimizar el riesgo y que se materialice porque el dinero, que es muy cobarde, si no hay una cierta seguridad para invertir en zonas donde hay unas posibilidades de inversión inmensas, se irá a otro sitio.
¿Contemplan crear barriadas nuevas, como ocurrió en la Valencia de los sesenta tras la riada del 57?
Sí, tiene que haber suelo disponible para varias cosas: para colegios, porque los hay que va a haber que reconstruirlos en otras zonas; tiene que haber para vivienda social que la Vicepresidencia primera lo está estudiando. ¿Por qué necesitamos esa coordinación con la Administración General del Estado? Porque el SEPES tiene 25 millones para facilitar esa construcción. ¿Dónde lo va a hacer? No lo sé. ¿No tendríamos que ponernos de acuerdo? De la misma manera que cuando luego llegue una ayuda para polígonos, tendremos que ponernos de acuerdo. Y también habrá que hacerlo en los pueblos: recrecer los laterales de los barrancos, hacer unas líneas de protección, hacer motas para los campos. Pero ahora mismo no se contempla nada. La Confederación Hidrográfica del Júcar tiene previstos 220 millones de euros en obras, pero no va a hacer nada más que reponer lo que ya existía. Las primeras condiciones objetivas de cambio singular y limitado son las que tiene previstas el año que viene, que son las de conectar el Pozalet y la Saleta al nuevo cauce del Túria.
¿Cuál debe ser la gran infraestructura que evite otra riada para las próximas generaciones? En esta hay consenso en que fue clave el desvío del río.
Ya está hecha. Hay ocho obras de infraestructura hidráulica planeadas desde el 2010 por el actual decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, que era el jefe de una empresa que se llama Tipsa, que había contratado la Confederación Hidrográfica del Júcar y que tenía que realizar esas obras que eran las que hubieran minimizado, no eliminado, el riesgo que se ha padecido. Y no se han hecho porque desde la crisis económica hasta ahora, la inversión general en España en infraestructuras hidráulicas se ha reducido un 75% y ha afectado a todos. Consulten el grado de ejecución de la inversión en la Vega Baja tras la dana, es cero. Si hay un pacto de Estado de verdad es este, donde hay que fajarse y decir 'se acabó' es aquí. La falacia es decir que el período de retorno son 500 años, porque si no hubiera existido el Plan Sur, València se hubiera inundado hasta las trancas porque llovió tanto o más que en el 57. Por eso en fenómenos adversos con potencial destructivo crecientes yo no me atrevería a hablar de tal periodo de retorno porque quiere decir que la probabilidad que en un año se produzca ese fenómeno es el 0,2%, lo que no significa ni que no se produzcan dos el mismo año, ni dos en el mismo estado. Esa es la inquietud que me describían. Pero es que en una comparecencia en el Senado se desechó la ejecución de este plan de minimización de daños porque se estimó que el daño emergente, en caso de producirse, sería de unos 340 millones de euros. Ahora habría que llamar al que hizo aquella cifra y preguntarle.
Gan Pampols durante la entrevista
Miguel Lorenzo
Vicepresidente, ¿cuánto va a costar la recuperación?
No menos de lo que estimó el IVIE en su momento, 17.200 millones de euros. Y ya no estamos hablando de impermeabilizar la A-7, ni de impermeabilizar las vías del AVE para dar capacidad de paso y evitar lo que ocurrió en Sedaví, que se inundó de ida y se inundó de vuelta. Es para dejarlo como estaba.
¿Está satisfecho en este periodo el trabajo que está desarrollando? Sabemos que no le gusta hablar de política partidista, pero vimos como el otro día el portavoz de Vox le acusaba, poco menos, de traidor. ¿Cómo se sintió?
Yo no estoy satisfecho porque me gustaría que el ritmo fuera otro, pero es un problema de insatisfacción personal. Y en cuanto al modelo de relación, yo estudié políticas porque creo en la política con “P” mayúscula. La política que es el arte de lo posible, el de buscar las líneas de aproximación que pueden conseguir que el acuerdo se materialice, el arte de saber ceder hasta donde se puede ceder y exigir, hasta donde se puede exigir. Así que solo ofende el que puede, no el que quiere. Me incomoda porque no estoy acostumbrado a que me traten así, pero entiendo que es una política con “P” minúscula.
Miguel Polo (CHJ) contradice a Marlaska: «No se transmitió información»
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no dio información sobre las dos horas clave de las riadas provocadas en la peor DANA del siglo sobre Valencia.
www.moncloa.comCon independencia de que se avise o no conforme al protocolo, espero que cambien ese protocolo, porque no me parece normal que se comunique una crecida de varios barrancos de esa cantidad con un correo electrónico. Pero es que ni ese correo mandaron.
Miguel Polo (CHJ) contradice a Marlaska: «No se transmitió información»
porAlvaro J. Medina
5 febrero, 2025 05:45
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no dio información sobre las dos horas clave de las riadas provocadas en la peor DANA del siglo sobre Valencia. El apagón informativo dejó a los más de 78 pueblos y cientos de miles de afectados por la DANA sin avisos previos sobre el barranco del Poyo y los circundantes a Torrent, epicentro del cauce al juntar hasta cuatro riadas que se desviaron directamente a Paiporta.
Tal y como publicó Moncloa el pasado mes de noviembre, todos los ojos y alertas se centraron en la zona de Forata, nadie miró el desastre que se fraguó antes de las 15.00 horas en Valencia. A esa hora, líneas de Cercanías no es que estuvieran afectadas, sino que les faltaban kilómetros de vías férreas y puentes, especialmente la C-3 a su paso por la zona noroeste de Valencia.
La CHJ tampoco dio a conocer por su web el elevado caudal, a pesar de que tiene la obligación de hacerlo cada cinco minutos una vez se superen los 150 hm3. No hubo ningún aviso, según afirmó Polo en la Junta de Gobierno de la CHJ el pasado 19 de diciembre.
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EL SILENCIO DE LA CHJ EN EL BARRANCO DEL POYO
La grabación del audio del hombre fuerte del Gobierno en la CHJ, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, en manos de Teresa Ribera durante la catástrofe del pasado 29 de octubre muestra claramente que no se dio información alguna entre las 16.16 y las 17.45 horas. La CHJ respondió a preguntas de MONCLOA que el caudalímetro instalado en el barranco del Poyo fue arrancado por la fuerza del agua.
«Lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la Rambla del Poyo», afirmó Polo. La frase contradice directamente a todo el Gobierno, que aseguró que se disponía de toda la información y que se avisó por todos los medios.
«Hubo todos los avisos necesarios y de manera permanente», aseguró el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado 16 de noviembre. Tan solo un mes después, el propio responsable de comunicar la crecida del barranco del Poyo admite que no se hicieron tales avisos.
POLO NEGÓ LA INFORMACIÓN EN EL POYO, MIENTRAS MARLASKA AFIRMÓ QUE TODO SE HABÍA INFORMADO
La respuesta de Polo fue a raíz de una batería de preguntas al secretario autonómico de la Conselleria de Medio Ambiente, Raúl Mérida. «Se ha hablado mucho que desde las 16.16 a las 17.45 no se recibió información. Por la mañana si habíais dado información vosotros, os habíais comunicado, pero en ese momento en el que multiplica el caudal no hay una información. Me gustaría saber qué ocurrió ahí», según el audio publicado por La Razón.
«Ante la catástrofe que venía nadie se comunicó, coge un coche… No sé si tú estabas allí. ¿Qué ocurrió?», le insistió un sorprendido Mérida ante la falta de respuestas claras sobre la actuación de la CHJ en plena tragedia. Polo insiste en que la CHJ «no es un organismo de emergencias», a pesar de ser el responsable de comunicar cada cinco minutos cualquier crecida por encima de los 150 hm3 en los barrancos que rodean Valencia y parte de Castilla-La Mancha, es decir, toda el área de influencia.
NO SE TRANSMITIÓ INFORMACIÓN
«¿Pero en ese momento no se transmitió información?», repreguntó Mérida. «No se transmitió es información de la rambla del Poyo», respondió Polo dejando en evidencia a todo el Gobierno de Pedro Sánchez.Según publicó este medio, la CHJ solo miró a Forata y la posible rotura de la presa. El escenario activó el nivel de emergencia y se dio la orden de vaciar la presa a razón de 1.000 m3 por segundo, pero no se dio aviso a los pueblos más cercanos a la costa.
Las compuertas de Forata estaban abiertas hasta el límite, mientras el barranco del Poyo se nutría de los desbordamientos del Turia y de otros cinco barrancos entre Ribarroja y Torrent, elevando los caudales y desbordando todo el cauce. La consecuencia fueron 224 muertos y tres desaparecidos, junto con miles de damnificados que ven llegar las ayudas con cuentagotas.
LOS OJOS DE LA CHJ SE DESENTENDIERON DEL TURIA Y CINCO BARRANCOS
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no dio avisos por los desbordamientos que llegaban del barranco del Poyo, así como los del Turia, el canal Real del Júcar y el canal que une al Turia con el Júcar desde Manises.De los 76 municipios afectados, solo se vigilaron de forma incansable quince por la «pantanada» de la presa de Tous. El resto no mereció la debida atención hasta que fue demasiado tarde. En la ribera del Turia se pusieron en marcha medidas de aviso y emergencias por cuenta propia de los Ayuntamientos, pero aún así la devastación dejó un reguero de muertos.
Polo tampoco lo advirtió en la reunión del CECOPI (Centro de Coordinación Operativo Integrado) la situación del noroeste dela ciudad de Valencia, donde se encuentran más de la mitad de los pueblos y urbanizaciones inundados. «Todos los ojos se centraron en Forata», apuntaron fuentes conocedoras de esas reuniones.
Ahora el propio Polo lo admitió. Su estruendoso silencio también obedece a la estrategia política del Gobierno y del PSOE de culpar o responsabilizar únicamente a Carlos Mazón y su Gobierno autonómico de la situación desencadenada. La realidad ahora es muy distinta tras las palabras de Polo, junto con los propios testimonios de la Guardia Civil y de los militares, que afirman que tenían orden de no intervenir a pesar de estar preparados. La ayuda del Ejército no llegó hasta pasados cuatro días, cuando ya no había nadie a los que rescatar con vida.
Última edición:
La Confederación Hidrográfica del Júcar reitera que sí informó de la crecida del barranco del Poyo: el audio completo de su presidente
El organismo asegura que una frase de Miguel Polo, presidente del organismo, se ha sacado de contexto. Mazón y el PP consideran que sus palabras evidencian la falta de información sobre la dana
elpais.comEn la noticia está el audio completo. Según Miguel Polo, no avisaron pero los avisos automáticos están en una página web y ahí se podía ver todo. Hasta esa hora avisaban, pero a partir de las 16.13 horas, después de comunicar un caudal de 28, lo tiene que mirar por si mismo el servicio de emergencias. Pero no, a partir de las 18.40, cuando está todo fuera de control, entonces sí avisan. Poca seguridad veo en la vigilancia de los caudales. A partir de los 150 m3/segundo de caudal, la confederación tiene que avisar, y había 1.600 m/segundo medidos y estimados 3.000 m3/segundo. Y MIguel Polo, que estaba en el CECoPI tampoco podía avisar de nada?
¿Dónde estaban los técnicos de la CH Júcar a partir de las 17, cuando el caudal subió a 3000 m3/segundo ( estimado, porque hay barrancos que no tienen ni sensores automáticos) , también en El Ventorro con Mazón?
LAS CONSECUENCIAS DE LA DANA
F. B.
Valencia - 05 FEB 2025 - 08:03 CET
11
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo Cebellán, en una imagen del pasado mes de mayo.MÒNICA TORRES
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) emitió la noche del martes un comunicado en el que reitera que sí informó al Centro de Emergencias de la Generalitat de la crecida del barranco del Poyo que causó la mayor parte de las muertes y destrozos de la dana del 29 de octubre y asegura que “la frase atribuida” a su presidente, Miguel Polo, está “sacada de contexto”. Esa frase dice: “(...) Lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la rambla del Poyo (...)”. Y la pronunció Polo, cargo nombrado por el Ministerio de Transición Ecológica, en una reunión de la junta de Gobierno del organismo celebrada el 19 de diciembre, para responder a una pregunta de Raúl Mérida, secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana, gobernada por el PP, sobre la información entre las 16.13 y las 18.43 horas.
Audio completo de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar
01:3801:38
Esa frase ha sido filtrada a distintos medios, lo que ha dado pie a que el presidente valenciano, Carlos Mazón, y otros dirigentes autonómicos reincidan esta semana en su relato de los hechos sobre aquel fatídico día: si el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) no envió antes la alarma a los móviles de la ciudadanía (se hizo sobre las 20.11) fue por falta de información sobre el barranco del Poyo, por un “apagón informativo”, entre las 16.13 y las 18.43 del día en que las inundaciones provocaron 227 muertos (último recuento que suma a los tres desaparecidos al haber transcurrido tres meses sin encontrar sus cuerpos). Y la alarma se envió por el riesgo de ruptura de la presa de Forata, no por el Poyo, reinciden señalando la responsabilidad de la CHJ.
En el audio completo de la conversación del 19 de diciembre, al que ha tenido acceso este periódico, se escucha literalmente la frase aludida de Polo, si bien la respuesta es más amplia de la que se ha hecho pública. La Confederación Hidrográfica subraya en su comunicado que “inmediatamente antes de esa frase e inmediatamente después, Polo aclara que en todo momento el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) estaba funcionando y transmitiendo datos actualizados cada cinco minutos (también del caudal del Poyo), negando el supuesto apagón informativo que esgrime la Generalitat”.
“Además, Polo acaba afirmando en esa misma reunión que, mediante la conexión de todos las SAIH de España con la Red de Alertas Nacional se tiene constancia fehaciente de que el Centro de Emergencias estaba recibiendo información”, continúa el comunicado, emitido para responder a la filtración del audio y que completa algunas afirmaciones de Polo en el mismo audio que pueden resultar confusas. “Conviene recordar que la comunicación entre la SAIH y el Centro de Emergencias fue permanente y durante las 16.00 y las 19.00 se enviaron 47 avisos de lluvia y caudal, de los cuales 210 se refieren a la cuenca del Poyo, incluido el aviso súbito de caudal en el barranco a las 18.43″.
“Este último se produjo en mitad del receso impuesto por la dirección de la emergencia que, unilateralmente, interrumpió la reunión durante una hora con el fin de decidir una respuesta de la emergencia, para todos aquellos que, en el caso del Comité Permanente del CHJ, estaban conectados telemáticamente”. “A pesar de toda esta información, la alerta a la población que debía emitir la Dirección de emergencias se envió pasadas las 20.00 horas”, concluye el comunicado. La dirección la ostentaba entonces la consejera de Interior, Salomé Pradas, después cesada.
Mazón ha insistido estos días en que, por fin, “la verdad empieza a salir a la luz”. Cuando se mandó la alarma sobre las 20.11 hacía poco más de media hora que Mazón se había incorporado (fue el último responsable político en hacerlo) a la reunión del Cecopi que había empezado a las 17 horas, tras una polémica y prolongada comida y sobremesa en un céntrico restaurante de Valencia.
Tras negarse a enseñar la factura del restaurante a los medios de comunicación o a las Cortes Valencianas, el presidente ha asegurado que el PP valenciano la presentará ante el Tribunal de Cuentas sin dar ninguna fecha. La Generalitat defiende que Mazón no interrumpió su agenda porque no tenía datos alarmantes sobre la emergencia. La Aemet había declarado el aviso rojo por lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones a primera hora de la mañana de ese día, lo que llevó a algunas instituciones como la Universitat de Valencia o la Diputación de Valencia, presidida por Vicente Mompó, del PP, a enviar a casa sus trabajadores esa misma mañana. La primera ya había suspendido las clases el día anterior.
Las palabras de Camarero se contradicen con las del propio consejero de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, dirigidas al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. En una carta remitida el 23 de enero para responder a la petición de que no existen grabaciones y actas de la reunión del Cecopi del 29 de octubre, Valderrama escribe: “(...) el CECOPI es un órgano que se constituye cuando la situación de la emergencia lo requiere y en el que se integran los mandos de las diferentes Administraciones, tanto para la dirección y coordinación de la emergencia como para la transferencia de responsabilidades, no teniendo naturaleza de órgano colegiado, por lo que no se establece la elaboración de actas formales ni de grabaciones con carácter general, situación que ha venido desarrollándose siempre de esta manera cuando se ha tenido que constituir el referido órgano”. También el vicepresidente para la Reconstrucción, el exmilitar Francisco José Gan Pampols, ha dicho públicamente que la Generalitat ostenta “la autoridad única” en el Cecopi, a través del titular de Emergencia.
La delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, acusó ayer a la Generalitat de lanzar varios bulos.
La Confederación Hidrográfica del Júcar reitera que sí informó de la crecida del barranco del Poyo: el audio completo de su presidente
El organismo asegura que una frase de Miguel Polo, presidente del organismo, se ha sacado de contexto. Mazón y el PP consideran que sus palabras evidencian la falta de información sobre la dana
F. B.
Valencia - 05 FEB 2025 - 08:03 CET
11
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) emitió la noche del martes un comunicado en el que reitera que sí informó al Centro de Emergencias de la Generalitat de la crecida del barranco del Poyo que causó la mayor parte de las muertes y destrozos de la dana del 29 de octubre y asegura que “la frase atribuida” a su presidente, Miguel Polo, está “sacada de contexto”. Esa frase dice: “(...) Lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la rambla del Poyo (...)”. Y la pronunció Polo, cargo nombrado por el Ministerio de Transición Ecológica, en una reunión de la junta de Gobierno del organismo celebrada el 19 de diciembre, para responder a una pregunta de Raúl Mérida, secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana, gobernada por el PP, sobre la información entre las 16.13 y las 18.43 horas.
Audio completo de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar
01:3801:38
Esa frase ha sido filtrada a distintos medios, lo que ha dado pie a que el presidente valenciano, Carlos Mazón, y otros dirigentes autonómicos reincidan esta semana en su relato de los hechos sobre aquel fatídico día: si el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) no envió antes la alarma a los móviles de la ciudadanía (se hizo sobre las 20.11) fue por falta de información sobre el barranco del Poyo, por un “apagón informativo”, entre las 16.13 y las 18.43 del día en que las inundaciones provocaron 227 muertos (último recuento que suma a los tres desaparecidos al haber transcurrido tres meses sin encontrar sus cuerpos). Y la alarma se envió por el riesgo de ruptura de la presa de Forata, no por el Poyo, reinciden señalando la responsabilidad de la CHJ.
En el audio completo de la conversación del 19 de diciembre, al que ha tenido acceso este periódico, se escucha literalmente la frase aludida de Polo, si bien la respuesta es más amplia de la que se ha hecho pública. La Confederación Hidrográfica subraya en su comunicado que “inmediatamente antes de esa frase e inmediatamente después, Polo aclara que en todo momento el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) estaba funcionando y transmitiendo datos actualizados cada cinco minutos (también del caudal del Poyo), negando el supuesto apagón informativo que esgrime la Generalitat”.
“Además, Polo acaba afirmando en esa misma reunión que, mediante la conexión de todos las SAIH de España con la Red de Alertas Nacional se tiene constancia fehaciente de que el Centro de Emergencias estaba recibiendo información”, continúa el comunicado, emitido para responder a la filtración del audio y que completa algunas afirmaciones de Polo en el mismo audio que pueden resultar confusas. “Conviene recordar que la comunicación entre la SAIH y el Centro de Emergencias fue permanente y durante las 16.00 y las 19.00 se enviaron 47 avisos de lluvia y caudal, de los cuales 210 se refieren a la cuenca del Poyo, incluido el aviso súbito de caudal en el barranco a las 18.43″.
“Este último se produjo en mitad del receso impuesto por la dirección de la emergencia que, unilateralmente, interrumpió la reunión durante una hora con el fin de decidir una respuesta de la emergencia, para todos aquellos que, en el caso del Comité Permanente del CHJ, estaban conectados telemáticamente”. “A pesar de toda esta información, la alerta a la población que debía emitir la Dirección de emergencias se envió pasadas las 20.00 horas”, concluye el comunicado. La dirección la ostentaba entonces la consejera de Interior, Salomé Pradas, después cesada.
Mazón ha insistido estos días en que, por fin, “la verdad empieza a salir a la luz”. Cuando se mandó la alarma sobre las 20.11 hacía poco más de media hora que Mazón se había incorporado (fue el último responsable político en hacerlo) a la reunión del Cecopi que había empezado a las 17 horas, tras una polémica y prolongada comida y sobremesa en un céntrico restaurante de Valencia.
Tras negarse a enseñar la factura del restaurante a los medios de comunicación o a las Cortes Valencianas, el presidente ha asegurado que el PP valenciano la presentará ante el Tribunal de Cuentas sin dar ninguna fecha. La Generalitat defiende que Mazón no interrumpió su agenda porque no tenía datos alarmantes sobre la emergencia. La Aemet había declarado el aviso rojo por lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones a primera hora de la mañana de ese día, lo que llevó a algunas instituciones como la Universitat de Valencia o la Diputación de Valencia, presidida por Vicente Mompó, del PP, a enviar a casa sus trabajadores esa misma mañana. La primera ya había suspendido las clases el día anterior.
Contradicciones en el Gobierno de la Generalitat sobre el Cecopi
La gestión de la dana y el enfrentamiento entre las dos administraciones, central y autonómica, siguen centrando el debate político valenciano. Ayer, la vicepresidenta y portavoz, Susana Camarero, respondió a los periodistas que fue el Cecopi, un “órgano colegiado”, el que decidió enviar la alarma a los ciudadanos (Es Alert). “Fue el Cecopi; un órgano colegiado donde hay dos codirectores, el representante de la Conselleria de Emergencias y la delegada del Gobierno, por lo tanto, colegiadamente se dio la orden, no es una orden unilateral”, explicó. La pregunta venía por una información adelantada por Las Provincias en la que se informa de que la Generalitat remitió a la jueza de Catarroja, que investiga las denuncias de las víctimas de la dana, 1.000 folios con avisos y el plan antiinundaciones, pero el dato sobre quién decidió enviar la alerta, como pide la magistrada. Preguntada si fueron Pilar Bernabé y Salomé Pradas como responsables entonces de la Delegación del Gobierno y la consejería de Emergencias, respectivamente, Camarero insistió en que el Cecopi “dio la orden y esas personas están en la cúspide”.Las palabras de Camarero se contradicen con las del propio consejero de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, dirigidas al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. En una carta remitida el 23 de enero para responder a la petición de que no existen grabaciones y actas de la reunión del Cecopi del 29 de octubre, Valderrama escribe: “(...) el CECOPI es un órgano que se constituye cuando la situación de la emergencia lo requiere y en el que se integran los mandos de las diferentes Administraciones, tanto para la dirección y coordinación de la emergencia como para la transferencia de responsabilidades, no teniendo naturaleza de órgano colegiado, por lo que no se establece la elaboración de actas formales ni de grabaciones con carácter general, situación que ha venido desarrollándose siempre de esta manera cuando se ha tenido que constituir el referido órgano”. También el vicepresidente para la Reconstrucción, el exmilitar Francisco José Gan Pampols, ha dicho públicamente que la Generalitat ostenta “la autoridad única” en el Cecopi, a través del titular de Emergencia.
La delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, acusó ayer a la Generalitat de lanzar varios bulos.
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Qué fijación con meter "proyectos" en tierras de cultivo, montes, zonas rurales... Será que no hay zonas ya industrializadas donde se puedan ubicar estas cosas.
Al menos una noticia buena:
Esto obedece a otra cosa: agenda 2030, "no tendrás nada y serás feliz"
Puedes preguntar a Gisbert el porqué de ese proyecto y en qué consiste.
Esas tierras tienen propietarios.
La querella de la dana de SOS Desaparecidos suma 180 familiares: "Tenemos más información de la que pensábamos"
La asociación esperaba presentar la querella ante la Audiencia Nacional la primera semana de febrero, pero la retrasará ante la gran cantidad de casos e información acumuluada.
valenciaplaza.comLa dirigen también contra la Junta de Castilla La Mancha por los fallecidos de Letur.
La asociación esperaba presentar la querella ante la Audiencia Nacional la primera semana de febrero, pero la retrasará ante la gran cantidad de casos e información acumulada.
Publicado: 06/02/2025 ·
06:00
Actualizado: 06/02/2025 · 06:00
VALÈNCIA. La querella que pretende presentar la asociación SOS Desaparecidos por la gestión de la Dana suma cada vez más familias de personas fallecidas en la tragedia. La plataforma ya ha registrado cerca de 180 familiares, que se adherirán al escrito que espera presentar la asociación ante la Audiencia Nacional contra las administraciones.
"Al principio teníamos 30 familiares y ahora ya hay 180 que se van a adherir", explica a preguntas de Plaza el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills: "Y se siguen sumando". Esto ha hecho que los plazos con los que trabaja la plataforma se hayan demorado un poco respecto a los que habían planteado en un principio.
En ese sentido, la idea era presentar la querella la primera semana de febrero, pero Amills reconoce que la asociación va a "alargar un poco el plazo para presentar la querella". El motivo no es otro que la acumulación de material y documentación pericial que pretenden adjuntar a la querella. "Pensamos que la información que tenemos de los peritos va a ser fundamental, y es más voluminosa y profunda de lo que imaginábamos", asegura: "Por eso no podemos apresurarnos y no queremos cometer ningún fallo, porque entendemos la enorme responsabilidad que conlleva este tema".
La estrategia judicial de la asociación es presentar la querella por homicidio imprudente contra los diferentes niveles de administraciones implicadas: las locales (ayuntamientos y diputaciones), las autonómicas (tanto la Generalitat Valenciana como la Junta de Castilla-la mancha) y la central. "A pesar de que en los primeros instantes se quería desligar la Dana de Letur de la de Valencia, está demostrado que es el mismo fenómeno y por eso va a ir junto", motivo por el cual la querella se presentará en la Audiencia Nacional, explica Amills.
Su objetivo será no sólo buscar responsabilidades penales sino también exigir indemnizaciones por los daños sufridos por los afectados de la catástrofe. Así, el presidente de la asociación reconoce que es un trabajo "exhaustivo" detectar "todo lo que no se cumplió". A su juicio, "está claro" pero ante los tribunales "hay que demostarlo".
"Si hubieran hecho aquello a lo que estaban obligados, no hubiera habido 224 muertos en Valencia y 6 en Letur", asevera. Aquí no sólo incluye a las administraciones autonómicas y del gobierno central, cuyos protocolos, señala, no se cumplieron, sino que también señala a las administraciones municipales, cuyos planes de inundaciones también se habrían vulnerado. Al respecto, Amills señala que la asociación va a acudir a la Audiencia Nacional con lo que sabe y puede probar, "pero más tarde la justicia lo podrá ampliar".
Por otro lado, también asegura que es "absurdo" pensar en que la asociación tenga un "interés partidista" porque va "contra todas las administraciones implicadas". "No hay ningún interés político", asevera contundente Amills, quien insiste en que la asociación es "totalmente transparente". "Nadie puede decir que hemos tenido patrocinador o que hemos cobrado dinero de alguien", subraya para zanjar las dudas al respecto.
En ese caso, se les acusa de delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, de daños imprudentes, prevaricación omisiva y delito de omisión del deber de socorro, cuyas víctimas habrían sido las más de cien familias querellantes "debido a la inacción de sus funciones en la toma de decisiones para proteger la vida de los ciudadanos", según explicó la asociación.
Mientras, el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha centralizado las diligencias seguidas en diferentes órganos judiciales de la provincia, donde se han presentado varias querellas y denuncias, y la Fiscalía Provincial de Valencia ha acordado la creación de un equipo, integrado por cinco fiscales y que incluye especialistas en medio ambiente, anticorrupción y penal, para proporcionar una respuesta coordinada en esta causa.
Publicado: 06/02/2025 ·
06:00
Actualizado: 06/02/2025 · 06:00
VALÈNCIA. La querella que pretende presentar la asociación SOS Desaparecidos por la gestión de la Dana suma cada vez más familias de personas fallecidas en la tragedia. La plataforma ya ha registrado cerca de 180 familiares, que se adherirán al escrito que espera presentar la asociación ante la Audiencia Nacional contra las administraciones.
"Al principio teníamos 30 familiares y ahora ya hay 180 que se van a adherir", explica a preguntas de Plaza el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills: "Y se siguen sumando". Esto ha hecho que los plazos con los que trabaja la plataforma se hayan demorado un poco respecto a los que habían planteado en un principio.
En ese sentido, la idea era presentar la querella la primera semana de febrero, pero Amills reconoce que la asociación va a "alargar un poco el plazo para presentar la querella". El motivo no es otro que la acumulación de material y documentación pericial que pretenden adjuntar a la querella. "Pensamos que la información que tenemos de los peritos va a ser fundamental, y es más voluminosa y profunda de lo que imaginábamos", asegura: "Por eso no podemos apresurarnos y no queremos cometer ningún fallo, porque entendemos la enorme responsabilidad que conlleva este tema".
La estrategia judicial de la asociación es presentar la querella por homicidio imprudente contra los diferentes niveles de administraciones implicadas: las locales (ayuntamientos y diputaciones), las autonómicas (tanto la Generalitat Valenciana como la Junta de Castilla-la mancha) y la central. "A pesar de que en los primeros instantes se quería desligar la Dana de Letur de la de Valencia, está demostrado que es el mismo fenómeno y por eso va a ir junto", motivo por el cual la querella se presentará en la Audiencia Nacional, explica Amills.
Su objetivo será no sólo buscar responsabilidades penales sino también exigir indemnizaciones por los daños sufridos por los afectados de la catástrofe. Así, el presidente de la asociación reconoce que es un trabajo "exhaustivo" detectar "todo lo que no se cumplió". A su juicio, "está claro" pero ante los tribunales "hay que demostarlo".
"Si hubieran hecho aquello a lo que estaban obligados, no hubiera habido 224 muertos en Valencia y 6 en Letur", asevera. Aquí no sólo incluye a las administraciones autonómicas y del gobierno central, cuyos protocolos, señala, no se cumplieron, sino que también señala a las administraciones municipales, cuyos planes de inundaciones también se habrían vulnerado. Al respecto, Amills señala que la asociación va a acudir a la Audiencia Nacional con lo que sabe y puede probar, "pero más tarde la justicia lo podrá ampliar".
Niega intereses económicos y partidistas
Sobre la polémica levantada acerca de los posibles intereses económicos o partidistas de la asociación en la presentación de la querella en un caso tan mediático, Amills quiso salir al paso para negar estas acusaciones, lanzadas por "personas de extrema derecha". "Las familias saben que no vamos a cobrar ningún dinero"; asegura el presidente de SOS Desaparecidos, quien insiste en aclarar que la plataforma ha rechazado ingresos por parte "gente que quería pagar".Por otro lado, también asegura que es "absurdo" pensar en que la asociación tenga un "interés partidista" porque va "contra todas las administraciones implicadas". "No hay ningún interés político", asevera contundente Amills, quien insiste en que la asociación es "totalmente transparente". "Nadie puede decir que hemos tenido patrocinador o que hemos cobrado dinero de alguien", subraya para zanjar las dudas al respecto.
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- Foto: MATIAS CHIOFALO/EP
Otras querellas
La de SOS Desaparecidos es una de las querellas que se han presentado y se presentarán con motivo de las consecuencias de la tragedia. La pasada semana, sin ir más lejos, una asociación anunció la presentación de otra querella, suscrita por más de un centenar de afectados -sin ser familiares de fallecidos necesariamente-, contra cinco miembros del Consell de la Generalitat Valenciana vinculados al área de Emergencias y también contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.En ese caso, se les acusa de delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, de daños imprudentes, prevaricación omisiva y delito de omisión del deber de socorro, cuyas víctimas habrían sido las más de cien familias querellantes "debido a la inacción de sus funciones en la toma de decisiones para proteger la vida de los ciudadanos", según explicó la asociación.
Mientras, el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha centralizado las diligencias seguidas en diferentes órganos judiciales de la provincia, donde se han presentado varias querellas y denuncias, y la Fiscalía Provincial de Valencia ha acordado la creación de un equipo, integrado por cinco fiscales y que incluye especialistas en medio ambiente, anticorrupción y penal, para proporcionar una respuesta coordinada en esta causa.