El 29 de octubre los tres periódicos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana abrían sus portadas con informaciones inquietantes sobre la intensidad del temporal que ya se estaba abatiendo sobre algunas zonas y la evolución a mayores que se preveía. En Alicante, a cinco columnas, INFORMACIÓN...
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El 29 de octubre los tres periódicos de
Prensa Ibérica en la
Comunitat Valenciana abrían sus portadas con informaciones inquietantes sobre la intensidad del temporal que ya se estaba abatiendo sobre algunas zonas y la evolución a mayores que se preveía. En Alicante, a cinco columnas,
INFORMACIÓN daba cuenta de que
la provincia estaba en alerta amarilla por las fuertes precipitaciones y recogía el listado de ayuntamientos que habían decretado el cierre de colegios. En
Castellón,
Mediterráneo, también a cinco columnas, hacía una radiografía precisa de la situación: “La gota fría se intensifica y lo peor llega esta tarde y de madrugada”.
En
Valencia, donde finalmente el diluvio descargó con todo el potencial de muerte y destrucción que encerraba,
Levante-EMV igualmente dedicaba ese 29 de octubre la principal llamada de su portada a la DANA. A cinco columnas también, la primera página advertía:
“La amenaza de fuertes lluvias cierra aulas y corta carreteras”. Los tres sumarios que acompañaban el titular indicaban claramente la gravedad del momento: se informaba de que
la Universidad de Valencia había suspendido clases, de que el organismo de
Emergencias(¡dependiente de la Generalitat!) había recomendado la activación de los planes antirriadas y de que los embalses habían registrado en horas la mayor subida en medio año. En el interior, la crónica de mi compañera
Minerva Mínguez señalaba textualmente que “el principal temor de la Generalitat ante este episodio de lluvias torrenciales [son] las cuencas de los ríos y barrancos, cuyo desbordamiento puede ocasionar serios problemas en áreas de alta ocupación urbana”.
Recapitulo por dos razones:
porque después de casi seis meses de ruido y furia, es conveniente volver a los hechos (y las portadas de los periódicos lo son) para que no nos confundan con los relatos. Y porque cada día que pasa, cada declaración que se hace, más indignante resulta escuchar en boca de nuestras autoridades que, si no actuaron para proteger como debían a la población, es porque no tenían información.
La tenían, pero no hicieron lo que debían con ella. Basta con releer los periódicos de aquella jornada para comprobarlo. Y esa información que tenían y desoyeron se la estaban proporcionando precisamente los técnicos a los que ahora quieren culpar.
El 29 de octubre, ese día del que a punto de embocar mayo aún no hemos salido, era un martes laborable. Pese a ello, pese a los avisos de la AEMET sobre lo que se nos venía encima y pese a que los propios técnicos de
Emergencias de la Generalitat estaban alertando de lo preocupante de la situación; a pesar de todo eso y de las portadas de los periódicos, digo, ese martes laborable los principales miembros del equipo de
Carlos Mazón que dirige Presidencia y controla con mano de hierro a los consellers no se encontraban el Palau, sin que se hayan explicado hasta aquí las razones de esas ausencias.
El jefe del Consell no varió su agenda, los exagerados eran todos los demás. Transcurrido casi medio año seguimos sin saber qué hizo en las horas cruciales, cuando los ciudadanos se estaban ahogando. Resulta inaudito.
La instrucción judicial que desarrolla la juez de
Catarroja Nuria Ruiz, que
este viernes tomó declaración como investigados a la exconsellera
Salomé Pradas y al exsecretario autonómico
Emilio Argüeso, ha puesto en evidencia las líneas de defensa levantadas por el PP para tratar de salvar lo insalvable. Primero: no había información. No es cierto, como en este simple artículo queda claro. Segundo: era el Gobierno central el que tenía que haber actuado. Tampoco es verdad.
Que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debía haber tomado las riendas es algo que hemos subrayado en este espacio también desde el primer día. Los ciudadanos que estaban siendo arrastrados por las aguas no entienden de competencias. Pero esa falta de respuesta del Estado no significa que la actuación de la Generalitat no fuera un despropósito, de principio a final.
Feijóo reprochó a Pedro Sánchez que no declarara la “emergencia nacional”, , asumiendo el mando y quitándoselo a Mazón, lo que ya lo dice todo sobre la consideración en que el líder nacional del PP tiene a su compañero de partido. Pero se le olvidó un pequeño detalle: en la mayor debacle de la historia valenciana,
Mazón tampoco declaró la “emergencia catastrófica”. Es competencia suya y si lo hubiera hecho, si no el 29, al menos el día 30, cuando la magnitud del desastre ya se conocía, la atención a los ciudadanos hubiera encontrado menos obstáculos. Sucede que entonces él habría adquirido un grado de responsabilidad judicial mayor. Así que, ni pensarlo.
Y tercer argumento en esa estrategia jurídica que el Consell ha diseñado para controlar los daños y exonerar a su presidente:
los que fallaron fueron los técnicos. Ocurre que con independencia de que entre los funcionarios los habrá mejores y peores, del seguimiento de las comunicaciones, las alertas y las conversaciones que se van revelando lo que se desprende es justo lo contrario: que fueron los políticos los que bloquearon las soluciones por su increíble falta de preparación y de decisión y su inconcebible frivolidad. No hemos visto aún ningún mensaje de un técnico a un político diciéndole que se despreocupara. Lo que sí hemos visto son mensajes entre dirigentes políticos de la Generalitat, a cual más desconcertante. El día 28, por ejemplo, Argüeso le escribe a la vicepresidenta del Consell,
Susana Camarero, para “tranquilizarla”, que València no va a cerrar los colegios. De donde se desprende que la atención de los altos cargos del Consell, minusvalorando todos los avisos, no estaba tanto en la prevención como en los titulares, porque si no esa comunicación no se entiende. Y el 29, con los barrancos ya desbordándose, Argüeso le vuelve a escribir a Camarero para ponerla al día y la vicepresidenta solo acierta a contestar diciéndole aquello de que “si necesitas algo, nos dices”. La máxima respuesta ante la pantanada de la vicepresidenta es una frase similar a la que ella misma tantas veces le ha recriminado a Pedro Sánchez.
Ese cruce de mensajes se lo ha entregado a la juez Argüeso, al que no le importa liquidar a Camarero si con ello se salva él y salva a su patrón. Y al leerlo, Mazón habrá pensado que no hay mal que por bien no venga: una menos en la disputa por la sucesión que ya se está abriendo paso en el PP.
Casi medio año después de la
Gran Riada, Mazón no se sostiene en el cargo ni porque su partido así lo quiera, ni porque los suyos en la Comunitat Valenciana hayan cerrado filas con él, ni porque los principales agentes sociales confíen en su capacidad, ni porque la reconstrucción avance. Paradójicamente, su debilidad es su aliada. El PP no puede cambiarlo porque le faltan diez escaños para hacerlo. De no ser así, ya lo habrían hecho, mejor antes que después.
También cuenta con las deficiencias de todos los que le rodean. El
PSPV, más empequeñecido que nunca, carece de liderazgo y está tan metido en sus cuitas internas que cualquier día un candidato se va a confundir de congreso y va a presentarse al de la provincia que no toca. En cuanto a
Compromís, en la agitación está en su salsa, pero su irrelevancia en Madrid y su incapacidad de articular una sucesión le condena a ser, como mucho, muleta. Y
Vox tiene bastante, como se ha demostrado esta misma semana con la contratación en las Corts de otro asesor más que no pisará Valencia pero pagaremos los valencianos, con seguir haciendo crecer su chiringuito.
Pero lo cierto es que, pese a no tener oposición enfrente,
el Gobierno de Mazón es un gobierno zombi, la mayoría de cuyos miembros saben que, incluso si el
PP volviera a ganar las elecciones y ellos lo hicieran muy bien de aquí en adelante, su carrera política está acabada.
Borrón y cuenta nueva.