La Dana - Valencia.

Torrent aprueba bonificación del 95% del ICIO para afectados por la DANA con efecto retroactivo desde el 29 de octubre​


Así tienen que ser las cosas: Obras son amores y no buenas razones.
 
Que opináis? No hace un razonamiento un tanto arriesgado?
Arriesgado en el sentido de que probablemente se la coman viva desde la derecha, pues probablemente. Pero está bien argumentado, hay dos puntos que son clave:

Según la instructora, "el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno central por la nо declaración de emergencia nacional no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración autonómica, que no supo alertar, ni en tiempo ni acertadamente, a la población, con el resultado mortal conocido y que exigiría, siguiendo dicha tesis exculpatoria, que se le arrebatara el mando de la emergencia".

Es decir, que entiende que echar la culpa al Gobierno Central por no haber actuado es reconocer explícitamente que a nivel autonómico fueron un desastre, porque eran ellos los que tenían que responder en primer lugar.

Y, luego, lo que ya hemos dicho varias veces sobre las competencias:

La jueza reitera nuevamente que "el objeto de este procedimiento es el análisis del fallecimiento de 227 personas, una de ellas embarazada de 8 meses, una desaparecida y los lesionados, y la ausencia de decisiones para salvaguardar a la población y la normativa aplicable al caso". En este sentido, vuelve a citar el Estatuto de Autonomía, que establece como competencia exclusiva de la Generalitat la protección civil (art. 49. 3. 14ª), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución.
"El Consell es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunitat Valenciana en el ámbito de sus competencias, así lo establece la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias.
A la Conselleria competente en materia de protección civil le corresponde ejercer el Mando Único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil", recuerda. Es por ello, señala la magistrada, que las pruebas deben centrarse "en el referido nexo causal entre la inactividad de quienes se atribuye la condición de investigados, su posición de garantes y los fallecimientos".

Sobre la emergencia nacional también hace una buena argumentación:

Respecto a la ausencia de una declaración de emergencia nacional argumentada por varias partes en el desarrollo de la instrucción, la jueza apunta que "ni se declaró estatalmente, ni se propuso por la Administración autonómica valenciana, de la que formaban parte los investigados (Salomé Pradas y Emilio Argüeso), como consellera y secretario autonómico, la declaración de emergencia nacional".
"Existió consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional, ni el día 29 de octubre, ni tampoco los días posteriores. Tampoco se declaró la situación de emergencia catastrófica al amparo de lo dispuesto en el art. 12.4 de la Ley valenciana de Protección Civil, competencia que se atribuye al president de la Generalitat Valenciana", recuerda la instructora.
Concluye que, de todos modos, "dicha declaración de emergencia nacional no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran medidas de autoprotección". Y ve de nuevo una "cuestión distinta" la situación que se desencadenó a posteriori, "cuando ya se había constatado un altísimo número de fallecidos, las poblaciones estaban devastadas, faltaban recursos esenciales como luz, agua, teléfono, las calles de alguna poblaciones acumulaban tal número de coches que las personas no podían circular por ellas, el barro lo inundaba todo, las carreteras estaban impracticables, puentes derribados, no había servicio de tren ni metro, se producían pillajes y los voluntarios suplían la tardanza en la ayuda".

Al final su instrucción se ciñe únicamente a los hechos del 29 de octubre que causaron 227 muertos, lo demás es una "cuestión distinta", que entiendo que abre la puerta a que se investigue por otro lado si es necesario. En ese sentido, lo que hiciera o dejase de hacer el Gobierno Central cuando ya teníamos la catástrofe encima y había gente muriendo, no es algo que ella tenga que mirar ya que entiende que no pudieron hacer nada al respecto. Pero insisto, deja bien claro que lo que pudieran hacer inmediatamente después de conocerse las dimensiones de lo que estaba ocurriendo o en los días posteriores es "cuestión distinta", no les quita (aunque tampoco les ponga, porque no es su trabajo) ninguna responsabilidad.

En resumen, según la jueza las competencias eran claras y, una vez que ya está en marcha la catástrofe, una declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno Central (que deja claro que tenía que pedirse explícitamente desde la Generalitat) no hubiera cambiado la situación ni la cifra de muertos. Parece que tiene claro que si desde la autonomía no se pidió la declaración de emergencia fue para no quedar como lo que fueron, unos inútiles pidiendo ayuda, por lo que también concluye que echar, ahora, la culpa al Gobierno Central de no haber ayudado (cuando no se lo pidieron) sólo pone de manifiesto su inutilidad (admiten que eran conscientes de que eran incapaces de gestionar la situación y necesitaban ayuda) y su mala fe.

Eso respecto al mismo día 29 de octubre, lo que pasó esa noche y los días posteriores creo que es otro melón que también debería investigarse y ver quién es responsable de que miles de personas estuvieran en una situación como la que @Trianista pasó y nos contó.
 
Arriesgado en el sentido de que probablemente se la coman viva desde la derecha, pues probablemente. Pero está bien argumentado, hay dos puntos que son clave:

Según la instructora, "el desplazamiento de responsabilidad al Gobierno central por la nо declaración de emergencia nacional no es sino un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración autonómica, que no supo alertar, ni en tiempo ni acertadamente, a la población, con el resultado mortal conocido y que exigiría, siguiendo dicha tesis exculpatoria, que se le arrebatara el mando de la emergencia".

Es decir, que entiende que echar la culpa al Gobierno Central por no haber actuado es reconocer explícitamente que a nivel autonómico fueron un desastre, porque eran ellos los que tenían que responder en primer lugar.

Y, luego, lo que ya hemos dicho varias veces sobre las competencias:

La jueza reitera nuevamente que "el objeto de este procedimiento es el análisis del fallecimiento de 227 personas, una de ellas embarazada de 8 meses, una desaparecida y los lesionados, y la ausencia de decisiones para salvaguardar a la población y la normativa aplicable al caso". En este sentido, vuelve a citar el Estatuto de Autonomía, que establece como competencia exclusiva de la Generalitat la protección civil (art. 49. 3. 14ª), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución.
"El Consell es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunitat Valenciana en el ámbito de sus competencias, así lo establece la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias.
A la Conselleria competente en materia de protección civil le corresponde ejercer el Mando Único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil", recuerda. Es por ello, señala la magistrada, que las pruebas deben centrarse "en el referido nexo causal entre la inactividad de quienes se atribuye la condición de investigados, su posición de garantes y los fallecimientos".

Sobre la emergencia nacional también hace una buena argumentación:

Respecto a la ausencia de una declaración de emergencia nacional argumentada por varias partes en el desarrollo de la instrucción, la jueza apunta que "ni se declaró estatalmente, ni se propuso por la Administración autonómica valenciana, de la que formaban parte los investigados (Salomé Pradas y Emilio Argüeso), como consellera y secretario autonómico, la declaración de emergencia nacional".
"Existió consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional, ni el día 29 de octubre, ni tampoco los días posteriores. Tampoco se declaró la situación de emergencia catastrófica al amparo de lo dispuesto en el art. 12.4 de la Ley valenciana de Protección Civil, competencia que se atribuye al president de la Generalitat Valenciana", recuerda la instructora.
Concluye que, de todos modos, "dicha declaración de emergencia nacional no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran medidas de autoprotección". Y ve de nuevo una "cuestión distinta" la situación que se desencadenó a posteriori, "cuando ya se había constatado un altísimo número de fallecidos, las poblaciones estaban devastadas, faltaban recursos esenciales como luz, agua, teléfono, las calles de alguna poblaciones acumulaban tal número de coches que las personas no podían circular por ellas, el barro lo inundaba todo, las carreteras estaban impracticables, puentes derribados, no había servicio de tren ni metro, se producían pillajes y los voluntarios suplían la tardanza en la ayuda".

Al final su instrucción se ciñe únicamente a los hechos del 29 de octubre que causaron 227 muertos, lo demás es una "cuestión distinta", que entiendo que abre la puerta a que se investigue por otro lado si es necesario. En ese sentido, lo que hiciera o dejase de hacer el Gobierno Central cuando ya teníamos la catástrofe encima y había gente muriendo, no es algo que ella tenga que mirar ya que entiende que no pudieron hacer nada al respecto. Pero insisto, deja bien claro que lo que pudieran hacer inmediatamente después de conocerse las dimensiones de lo que estaba ocurriendo o en los días posteriores es "cuestión distinta", no les quita (aunque tampoco les ponga, porque no es su trabajo) ninguna responsabilidad.

En resumen, según la jueza las competencias eran claras y, una vez que ya está en marcha la catástrofe, una declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno Central (que deja claro que tenía que pedirse explícitamente desde la Generalitat) no hubiera cambiado la situación ni la cifra de muertos. Parece que tiene claro que si desde la autonomía no se pidió la declaración de emergencia fue para no quedar como lo que fueron, unos inútiles pidiendo ayuda, por lo que también concluye que echar, ahora, la culpa al Gobierno Central de no haber ayudado (cuando no se lo pidieron) sólo pone de manifiesto su inutilidad (admiten que eran conscientes de que eran incapaces de gestionar la situación y necesitaban ayuda) y su mala fe.

Eso respecto al mismo día 29 de octubre, lo que pasó esa noche y los días posteriores creo que es otro melón que también debería investigarse y ver quién es responsable de que miles de personas estuvieran en una situación como la que @Trianista pasó y nos contó.

Sí, es evidente que, si se ciñe únicamente a los fallecimientos causados por la Dana, la competencia sobre las emergencias y el aviso a la población era autonómica.

Pero conste que, aunque no hubiera cambiado la situación en cuanto a las víctimas mortales y las consecuencias materiales, la declaración de emergencia nacional podía haberla declarado también el gobierno de "motu propio" ante la pasividad de la Generalitat.

Entiendo que, cálculos políticos aparte, si no se hizo fue porque ya era tarde para evitar las peores consecuencias respecto a los daños personales. (Aparte del siempre complicado melón constitucional respecto a las competencias autonómicas y la capacidad del gobierno central para asumirlas. Recordar en este punto la pandemia y los innumerables recursos ante los tribunales de las diferentes CCAA)

Espero que, en algún momento, se abra una investigación judicial respecto a la actuación del gobierno central tras la Dana.

Aunque solo sea por que quede clarificado el porqué del retraso en la llegada de la ayuda.
 
Pero conste que, aunque no hubiera cambiado la situación en cuanto a las víctimas mortales y las consecuencias materiales, la declaración de emergencia nacional podía haberla declarado también el gobierno de "motu propio" ante la pasividad de la Generalitat.
Es un problema de los políticos. Por un lado, los autonómicos parece que tenían esa prepotencia de no querer admitir que las cosas se les habían ido de las manos y rebajarse a pedir ayuda, creo que había alguna noticia que decía que Mazón y Sánchez hablaron esa misma noche y que este último le ofreció ayuda pero el otro le dijo que no hacía falta. Por el otro lado, la prepotencia del Gobierno Central de no hacer nada si el otro no se rebajaba y lo pedía (el tristemente famoso "si necesitan ayuda que la pidan", que viendo el vídeo completo sin descontextualizar esa frase adquiere otro sentido).

En teoría el Gobierno Central no podía declarar la emergencia nacional, al menos no tan fácilmente como hubiera sido que se pidiera desde la Generalitat, como dice la jueza:

"Existió consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional, ni el día 29 de octubre, ni tampoco los días posteriores. Tampoco se declaró la situación de emergencia catastrófica al amparo de lo dispuesto en el art. 12.4 de la Ley valenciana de Protección Civil, competencia que se atribuye al president de la Generalitat Valenciana", recuerda la instructora.

Por lo que dice, hubo consenso entre ambos para no declarar la emergencia nacional y tampoco se declaró la situación de emergencia catastrófica que era competencia del propio president de la Generalitat.

Al final imagino que fue una mezcla de todo, prepotencia de unos de no querer admitir que la cosa se les había ido de las manos, prepotencia de los otros de esperar a que el rival se rebaje y pida ayuda, sumado probablemente a que no debían de tener ganas de tomar las riendas "por las bravas" temiendo que luego la Cheneralitat se les echase encima diciendo que, claro, como les quitaron el mando no pudieron hacerlo bien y así echarle ya la culpa de todo al Gobierno Central (que, por cierto, ya lo están haciendo). Imagino que también hubo un poco de estrategia política. Cuando a unos se les fue la cosa de las manos y vieron el panorama yo creo que ya empezaron a maquinar como echarle la culpa a otros, y tampoco descarto que desde el Gobierno Central se valorase el que la mala actuación a nivel autonómico les iba a beneficiar políticamente. Como digo, al final son políticos.

Espero que, en algún momento, se abra una investigación judicial respecto a la actuación del gobierno central tras la Dana.

Aunque solo sea por que quede clarificado el porqué del retraso en la llegada de la ayuda.
Sí, yo creo que eso también es necesario aunque por lo que dice la jueza de Catarroja el Gobierno Central tiene la excusa perfecta para librarse ya que "técnicamente" no tenían que hacer nada si no se lo pedían, aunque lo de que "hubo consenso" entre ambos para no declarar la emergencia nacional tiene miga. Ahí ya entramos en el debate de si podían y de si debían de hacerlo. Está la duda de si podían hacerlo fácilmente ya que quitarle de un plumazo las competencias a una autonomía no creo que sea sencillo y, a la larga, se puede volver contra ti. Si debían de hacerlo ya entra en la valoración moral de cada uno, teniendo en cuenta el desastre que había ocurrido, la cantidad de muertos y, sobre todo, la gente que quedaba en la zona desamparada. Allá ellos con su conciencia.
 

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